Las personas que actualmente detectan algún nivel de poder político en la Asamblea legislativa, tienen que pensar muy bien sus decisiones en la formación de leyes, y sobre todo ahora que discutirán la llamada “Ley de reconciliación” que según ideas de algunos diputados es lo que permitirá la reconciliación de las victimas mayores y sus descendientes con victimarios de las masacres ocurridas durante el conflicto armado de los años 80 del recién pasado siglo XX.
Se trata de matanzas de personas que fueron asesinadas inmisericordemente en poblados rurales en donde habían infantes, mujeres, adultas mayores que no eran combatientes, era población civil que por circunstancias territoriales habitaban en los espacios que servían de teatro de operaciones militares durante la guerra, los militares siguiendo la teoría de “quitarle el agua al pez” y obedeciendo las directrices de los asesores norteamericanos , sacrificaban a la población así como a otras personas que no eran combatientes de ningún bando.
Para que exista realmente reconciliación debe de haber un reconocimiento de la culpa del daño que se cometió y saber quién o quiénes son los responsables directos y/o indirectos de las acciones que pretenden queden impunes y en el olvido; la población tiene que conocer la verdad para restaurar la confianza en la justicia y poder perdonar si así lo consideran las víctimas libremente y no por un mandato legislativo.
Entre las personas legisladoras, hay algunas que despotrican contra representantes de organismos internacionales quienes en base al respeto de los Derechos Humanos, hacen valoraciones de los atributos humanos que se legalizan internacionalmente en la medida que las sociedades se hacen más humana y hay un reconocimiento a la legítima dignidad de mujeres y hombres.
Dichos funcionarios internacionales asumen responsablemente el papel que tienen que desempeñar reconociendo la justicia para los habitantes de nuestro planeta y siendo extranjeros no sufren las pasiones que produce la lamentable polaridad que todavía está presente en la sociedad salvadoreña.
Ahora, gracias a la comunicación de valoraciones neutrales transnacionales se facilita la justicia y la transparencia de hechos nacionales, es una de las características que hacen efectiva y funcional organizaciones como la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador” CICIES qué debería conformarse en El Salvador para que no se hicieran robos del erario nacional y mediante las investigaciones pertinentes pedir cuentas y castigo al funcionariado corrupto para que no queden sus robos en la impunidad.
Las masacres que se dieron, por la inhumanidad que evidencian, no solo dañan a las victimas directamente, lesionan también a la humanidad en general, porque la deshumanizan, la corrompen y le anulan su dignidad como seres humanos, es por lo que ante hechos tan salvajes no se necesita ser nacional para pronunciarse.
A las víctimas y a sus descendientes se les debe hacer justicia y no permitir que tales hechos queden impunes, es un mal mensaje para la población que sufre tanta violencia y falta de ética de políticos y políticas.
Quienes nos representan en la Asamblea Legislativa deben saber que la población estará vigilante para ver sus actuaciones y en un futuro cercano hacer los cambios que sean necesarios para tener personas que verdaderamente se preocupen por legalizar acciones que respondan a los intereses de la ciudadanía.
Mayo 2019
