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miércoles, 27 de octubre del 2021

Pocos avances en la discusión de Ley de Aguas

En el curso de los últimos 12 años, los diputados y diputadas de 4 Asambleas Legislativas consecutivas, con sus respectivas comisiones de dictamen, han sido incapaces de aprobar legislación esencial para resolver la crisis hí­drica en El Salvador. Mientras tanto, la crisis sigue profundizándose, afectando la viabilidad del paí­s, obstruyendo el desarrollo sostenible y amenazando la salud y la vida misma de la población por la falta de buena gobernanza en el sector agua.

Son 12 años sin poder ponerse de acuerdo sobre una institucionalidad adecuada que garantiza el manejo equitativo, eficiente y sostenible del recurso hí­drico. Son 12 años sin tomar las medidas necesarias para evitar el desastre que pronostican los expertos nacionales e internacionales si el paí­s no resuelve los problemas de contaminación, sobre- explotación y la falta de acceso al agua; y son 12 años de sordera frente al reclamo de la ciudadaní­a de resolver la problemática del agua, problema que tiene solución si hay voluntad polí­tica e interés en buscarla.

 En la actual Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, dominada por partidos de derecha y presidida por ARENA, se enfrentan dos visiones contradictorias para la gestión del agua en El Salvador. La visión promovida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y apoyada por ARENA, PCN y PDC plantea un ente rector controlado por el sector privado, mientras que los movimientos sociales más representativos del paí­s juntos con la Iglesia Católica, las iglesias históricas, la UCA, la Universidad Nacional, la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos humanos, ambientalistas y otros actores claves plantean que el agua es un bien público y derecho humano y que tiene que manejarse por el Estado. Esta visión está apoyada por el FMLN, por Francisco Zablah de GANA y por el mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa que establece que uno de los deberes éticos de las y los diputados es el de “anteponer siempre el interés público al interés privado” (artí­culo 26, numeral 5).

 Aunque los partidos de derecha controlan la mayorí­a de votos en la Comisión, la movilización y protesta persistente de comunidades afectadas por la crisis hí­drica, de organizaciones sociales, de las iglesias y de las universidades ha detenido las intenciones privatizadoras hasta la fecha, pero el debate dentro de la Comisión avanza poco hacia la aprobación de la ley. Los factores más importantes que obstaculizan el consenso son:

• la falta de voluntad polí­tica de los partidos de derecha;

• un profundo desconocimiento de temas ambientales de parte de la mayorí­a de los diputados y diputadas de la comisión;

• la incapacidad de la presidencia de la comisión de enfocar la discusión en las propuestas sobre la mesa, de generar un entorno de mayor madurez y respeto y de plantear un método más constructivo para el análisis y el debate y

• una preferencia evidente entre la mayorí­a de los diputados y diputadas de la derecha por el bagaje polí­tico, los pleitos partidarios, berrinches, insultos y ataques personales.

En la reunión de la Comisión del martes, 16 de octubre, el diputado de GANA, Francis Zablah (quien ha participado en 3 diferentes comisiones consecutivos sin aprobar la ley) invitó “a todos los diputados de esta comisión de medio ambiente a que renunciemos, porque tenemos cinco meses de estarnos reuniendo, todos los martes, sin aprobar nada. Esto es un circo. Que los partidos nombren a otros diputados”.

Su planteamiento tiene mérito. Cuando un empleado, que sea privado o público, no puede cumplir con las tareas asignadas en su trabajo, debe renunciar o ser despedido. El problema es que esta opción condena al paí­s a otros 3 años sin instalar la buena gobernanza en el sector hí­drico. La única alternativa que queda es que la comisión invite a expertos y expertas en medio ambiente de MARN, de la UES, de la UCA y de los movimientos ambientalistas, quienes han presentado propuestas concretas a la Asamblea Legislativa sobre la ley de aguas, a aportar en las discusiones. Con este aporte técnico, tal vez se podrí­a construir un ambiente menos politizado y más propositivo priorizando los intereses de la nación sobre los intereses sectoriales o de partido.

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