Los partidos ARENA y FMLN que han gobernado al país desde 1989 a la fecha, esperan que la investigación que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realiza a expresidentes y a más de 70 funcionarios y exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito, no sea con fines políticos.
Probidad reveló ayer que se trata de 76 funcionarios y exfuncionarios investigados actualmente por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. En ese listado se encuentran los cuatro expresidentes del partido ARENA y los dos presidentes que han gobernado el país bajo la bandera del FMLN los últimos siete años.
“Yo esperaría que tengan la profesionalidad e interés de país, y no sea una agenda política. Todo indica que hay denuncias de criterios arbitrarios para identificar ciertos nombres al cálculo, y han expresado públicamente que el caso de Cristiani y Calderón Sol ya no les aplica porque ya prescribió entonces no dejaría de ser algo sospechoso”, dijo a ContraPunto el diputado del FMLN, Rolando Mata.
En tanto, miembros del partido ARENA aseguran que las investigaciones son de rigor y procesos normales pues los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio de la institucionalidad.
“Esperamos que no sea una agenda política porque si no, no cumplirá los objetivos de perfeccionar la democracia y la institucionalidad crezca y se haga mucho más fuerte para bien la población”, expresó el diputado del partido ARENA, Mauricio Vargas.
El también exmilitar en retiro, asegura que de encontrarse algún exmandatario o el mandatario actual envuelto en actos de corrupción, sería un aspecto eminentemente personal.
“Si no tiene tintes políticos ni fábrica de testigos o cosas extrañas, las personas tendrán que responder de ello y hacer las correcciones que se estimen convenientes”, concluyó Vargas.
Lea también: Acontecimientos 2016: Expresidente envueltos en corrupción
No obstante, para Óscar Campos, abogado del área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), las características de esta investigación denota un cambio en las condiciones que dentro de Probidad se manejaban durante los últimos años.
“La ley para prevenir el enriquecimiento ilícito tiene más de 50 años de antigí¼edad y nunca había sido aplicada. Hace un par de meses se inició la creación de un grupo gestor para la Ley de Probidad Pública en la que participan varias organizaciones sociales, y producto de ello se comenzó a tocar mucho el tema del enriquecimiento ilícito”, apunta Campos.
El profesional del derecho en materia de anticorrupción sostiene que el cambio de magistrados al interior de la CSJ ha propiciado que se “suelten argollas” que amarraban a Probidad, permitiéndole ejercer la labor para la que fue creada constitucionalmente.
“La CSJ había estado tomada por algunos funcionarios que bloqueaban indicios de procesos relacionados a probidad o prevención de enriquecimiento ilícito. Recordemos el caso del expresidente de la CSJ, Agustín García Calederón y sus magistrados que aseguraron que era más importante guardar el secreto bancario que investigar las cuentas del expresidente Flores y sus ministros”, señala Campos.
En la última década, los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, han enfrentado o enfrentan a la justicia por presuntos actos de corrupción en perjuicio de los fondos del Estado.
