Representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna) en conjunto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) rechazaron este viernes las reformas al artículo 54 de la Ley Penal Juvenil que avala la detención no solo por orden de un juez, sino también por una orden fiscal, de menores de edad que hayan cometido delitos, pues sostienen que esta medida únicamente criminaliza a este sector social.
Estas organizaciones afirman que los menores de edad que cometen delitos, en su mayoría no lo hacen por voluntad propia sino que son utilizados por adultos quienes bajo amenaza, obligan a los niños y adolescentes a cometer acciones ilícitas.
“Los niños menores de 12 años no tienen el desarrollo cognitivo emocional para distinguir entre el bien y el mal, esto está demostrado por estudios científicos. Los adolescentes no tienen un proyecto de vida desarrollado. En las comunidades están instaladas pandillas violentas con delincuentes adultos que ante las fracasadas políticas de manodurismo, se sofisticaron y comenzaron a utilizar niños y adolescentes por amenazas”, dijo el procurador de derechos Humanos, David Morales.
Si bien no se oponen al castigo de menores que cometan delitos, sí rechazan que el Estado invierta más en persecución y penalización de niños y adolescentes, que en su reinserción social.
“El Estado no ha financiado. El Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) está operando a su mínima capacidad por falta de recursos. No puede instalar los programas que la ley prevé porque no es prioridad”, aseguró Morales.
El procurador lamentó que este tipo de medidas obedezcan más a discursos populistas, y que no se tomen en cuenta a instituciones relacionadas con los derechos de la niñez y juventud en los debates de las reformas que infieren a este sector.
“He escuchado discursos políticos que tienden a criminalizar y culpar a la niñez y adolescencia de la situación de violencia, pero sin análisis estadístico. Los menores de edad no participan ni en el 10 % de los delitos que procesa el sistema penal (“¦) He insistido a la Asamblea Legislativa el llamado de que al promover y considerar reformas a la Ley Penal Juvenil, respete el principio democrático de libre debate, y escuche a las entidades especializadas en niñez”, dijo Morales.
Estas oenegés aseguran que tanto esta reforma, como otras dos más que están en discusión al interior del Órgano Legislativo, riñen tanto con la Constitución de la República, la Ley Penal Juvenil y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), y con tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte firmante.
“Eso realmente es abandonar los compromisos internacionales y genera la idea de que las leyes nuestras sobre penalización juvenil no son lo suficientemente fuertes, y realmente si lo son”, asegura Adolfo Vidal, representante de Plan Internacional, una de las organizaciones que se pronunciaron al respecto.
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Por su parte Zaida Navas, directora del Conna, concuerda con la postura del procurador Morales y de estas organizaciones, y asegura que no se puede criminalizar aún más a la niñez y adolescencia, sobre todo cuando se les señala socialmente de ser los responsables de la violencia en el país.
“La gran mayoría de la sociedad demanda penas más fuertes, y eso tiene que ver con el estigma dirigido a que son los niños y adolescentes los principales responsables de la violencia. Históricamente no hemos tenido una inversión priorizada en el cumplimiento de los derechos de la niñez, ni la sociedad reconoce que este sector merecen inversión y protección desde los primeros años de vida”, expresó Navas, quien además aclaró que de cada 10 delitos cometidos en El Salvador, uno es realizado por adolescentes.
Ante estas posturas, estas organizaciones hacen un llamado a la Asamblea Legislativa para que no se promuevan leyes que riñan con la Constitución y tratados internacionales, y que en sus discursos se llame a la pacificación social, alejados de la criminalización de menores de edad.
Al Órgano Ejecutivo, instan a que demuestre avances de los programas y políticas públicas que busquen la transformación de las familias, de la niñez y la adolescencia.
Y a la población en general, llaman a reflexionar sobre el rol de la familia como base fundamental de la sociedad, y a que aporte a la protección de la niñez y adolescencia para evitar que caigan en actividades ilícitas.
