Los dos abogados suizos del exjefe de policía guatemalteco Erwin Sperisen, que fue condenado en 2015 en Ginebra a cadena perpetua por el asesinato de diez personas, pidieron su puesta en libertad luego de la absolución en Madrid el pasado 15 de marzo de Carlos Vieldman, quien fuera su superior jerárquico y exministro de Gobernación de Guatemala (2004-2007).
“Es la segunda vez que autoridades judiciales europeas desmienten a la justicia de Ginebra”, dijo uno de los abogados, Florian Baer, tras recordar que Javier Figueroa, uno de los subordinados de Sperisen, fuera absuelto en 2013 en Austria.
“Estas dos absoluciones ponen en evidencia que la supuesta organización criminal a la que habría pertenecido Sperisen solo existe en el espíritu de los jueces de Ginebra”, agregó Giorgio Campa, el otro abogado del exjefe de policial.
La sentencia contra Sperisen fue apelada por sus defensores desde hace casi 2 años ante el Tribunal Federal suizo, máxima instancia judicial helvética.
“Hasta que el Tribunal federal se pronuncie, Sperisen es presunto inocente. Hace 4 años y medio que está en detención preventiva, por eso pedimos su libertad”, recalcó Campa sobre su cliente, quien además de la guatemalteca, dispone de la nacionalidad suiza, y por ello fue juzgado en este país que no extradita a sus nacionales y puede juzgarlos por crímenes cometidos en el extranjero.
Los hechos por los cuales han debido enfrentar tribunales europeos estos tres altos cargos guatemaltecos se refieren a los homicidios de siete detenidos en la cárcel de Pavón, cerca de la capital de Guatemala, en 2006, y de otros tres prisioneros que evadieron el terreno de la cárcel “El Infiernito”, en 2005.
La corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas contra Sperisen aportadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituida por Naciones Unidas y el gobierno de dicho país, y recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien en 2007 presentó un informe donde denunció operaciones de “limpieza social” en Guatemala.
Corresponde a la misma corte de Ginebra que lo condenó hace cerca de dos años a cadena perpetua arbitrar sobre la petición de acceder a la libertad condicional interpuesta este martes. Deberán dar respuesta en el término de diez días una vez consultada la fiscalía, lo cual dará lugar a que sus abogados defensores opinen una última vez antes de que se pronuncie el fallo.
