En horas de ka tarde de un miércoles 23 de abril, dos jóvenes estudiantes se conducían de camino sobre la carretera al Aeropuerto de Comalapa, en La Paz. Un retén militar se cruzó sobre su camino, y los retuvo, hasta desplazarlos hacia el Destacamento Militar de Zacatecoluca, para interrogarlo. Hasta entonces, el paradero de los estudiantes ha despertado la incertidumbre de sus familiares y correlativos, quienes no han dejado de buscarlos, ni de confrontar a las autoridades.
Las víctimas respondía a los nombres de Carlos Manuel Serrano Merino y Saúl Fernando Ortiz Rodriguez, presuntamente implicados en organizaciones sociales de la oposición a la emergente Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), en medio de la emergente Guerra Civil de la década de los años 80’s.
“Hoy hacemos un reconocimiento a las y los jóvenes que como Carlos Manuel y Saúl ejercieron sus libertades de pensamiento y acción para organizarse en tiempos de un Gobierno asesino, de una dictadura militar que criminalizó la protesta social y vio en la juventud una gran amenaza por exigir cambios profundos ante la injusticia social”, expresó la organización de Víctimas Demandantes, VIDAS.
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Hasta la fecha, ya han transcurrido más de cuarenta y un años, desde aquel incidente. Entre dolor y angustia, los familiares de las víctimas siguen recordando la peripecia, que resultó en la pérdida material de dos jóvenes que se integrarían al registro de las más de 4,300 casos de secuestros forzados durante el conflicto armado.
Una Deuda Histórica
Durante los doce años del conflicto bélico que transcurrieron desde el 15 de octubre de 1979, El Salvador reportó más de 75 mil pérdidas humanas, entre hechos tipificados internacionalmente como genocidios, y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la Firma de os Acuerdos de Paz, acuerdo que habría sosegado definitivamente el conflicto, fue sucedida por normativas que otorgaban la absolución de hasta los crímenes de guerra que implicaban matanzas de hasta ochocientas personas. Es decir, una Ley de Amnistía, ratificada en 1993, pero que no duró sino hasta el año 2016, hasta su derogación por inconstitucionalidad. Entonces habrían transcurrido unos 23 años durante los que no se judicializó ni persiguió a los responsables.
“Más temprano que tarde la justicia salvadoreña deberá responder, porque las víctimas no desaparecen por "arte de magia" ni por olvidos obligados”, expresó VIDAS, a más de cinco años de la derogatoria de la Ley de Amnistía.
Conscientes de sus derechos, representantes de los desaparecidos Saúl y Manuel confrontaron a los titulares de la disuelta JRG ante la justicia, sin tener respuestas favorables. De acuerdo con VIDAS, en última instancia, se habrían avocado a la Fiscalía General de la República (FGR), para después optar por un señalamiento público, en el que se pretenda individualizar a los responsables. En su demanda, exigen el reconocimiento de los cargos y el perdón hacia las víctimas.
“Quieren escuchar de todos esos la promesa de que nunca más se repetirán actos tan repudiables contra nuestras juventudes, por expresar estas libremente sus ideas políticas y sus aspiraciones sociales”, detalla VIDAS.
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Ésta tendencia tampoco sería diferente al registro de al menos 4,340 denuncias de secuestros durante la guerra, según se reporta en el informe titulado “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno” de la Comisión Nacional de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA)
“Le recordamos al Estado salvadoreño, gran deudor por los crímenes de guerra y contra la humanidad ocurridos en el país, que el error se acumula. El mismo fenómeno por distintas causas, pero siempre por la misma impunidad, sigue enlutando a nuestra sociedad en el presente con demasiados casos de desapariciones de jóvenes, mujeres, niños y niñas que no se llegan a resolver”, manifestó la asociación de víctimas de demandantes.
