La fundación defensora de Derechos Humanos, Cristosal, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), pidieron al gobierno salvadoreño y las instituciones del Estado hacer cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ordena el reconocimiento de las víctimas que han huido de sus viviendas a causa de la violencia.
El pasado 13 de julio, la Sala emitió una sentencia favorable para 33 personas de una misma familia, quienes recibían ataques de miembros de la pandilla 18. Todos ellos huyeron de sus casas para no ser asesinados. Las víctimas presentaron denuncias ante la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), pero no fueron atendidas por las instituciones, según Cristosal.
La sentencia de la Sala obliga al Estado a brindar asistencia y protección a las víctimas de desplazamiento forzado. Además, ordena cumplir tratados internacionales de derechos humanos,
“La ayuda humanitaria de emergencia, la reubicación temporal y la solución duradera, son las normativa que deben de cumplir las instituciones del Estado para con las víctimas”, dijo Celia Medrano, directora Cristosal.
Por su parte, el director del IDHUCA, José María Tojeira, mencionó la necesidad de una ley sobre desplazamiento interno.
“La Asamblea Legislativa tiene un gran desafío en cuanto a una legislación para las víctimas. Esperamos que a los desplazados se les brinde atención psicológica, medica, económica, la cual deben cumplirla el Estado”, especificó.
La Sala ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén incluir en el presupuesto general del Estado un monto económico para atención a las víctimas de desplazamiento forzado por pandillas y otros entes de violencia.
Durante el 2017 se registraron 701 casos de desplazamiento forzado, de los cuales 375 huyeron de sus residencias por violencia, y 326 personas tenían la necesidad de huir pero no lo hicieron por diversos motivos, según datos Cristosal.
Además, entre enero de 2016 y marzo de 2018, se contabilizaron 675 menores de edad que huyeron de sus hogares por motivos de violencia social. Además, 12,221 menores de edad abandonaron la escuela por supuestas amenazas en contra sus familias.
