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martes, 26 de octubre del 2021

Piden a la ONU reconocer genocidio indí­gena en Argentina

En Argentina viven alrededor de un millón de indí­genas distribuidos en 32 comunidades y que hablan 12 lenguas además del español

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El abogado argentino Fernando Kosovsky pidió al mecanismo de expertos sobre Derechos de Pueblos Indí­genas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la elaboración de “un protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos indí­genas ví­ctimas de crí­menes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados”. Los expertos se encuentran sesionando en Ginebra.

Kosovsky, quien también es director para la Patagonia argentina del Grupo de Apoyo Jurí­dico por el Acceso a la Tierra (Gajat), denunció el “genocidio estatal contra el Pueblo Mapuche” en Argentina y solicitó “reparaciones al estado”.

El jurista mantuvo una reunión con la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indí­genas, la filipina Victoria Taupi-Corpuz, a la que alentó para que exija al gobierno argentino del Presidente Mauricio Macri tomar medidas urgentes.

La urgencia se debe a que la Ley 26.160, del año 2006, “no se cumplió y vence en noviembre de 2017”. La norma podrí­a renovarse si así­ lo dispusiera el Congreso argentino y de tal modo mantener “la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indí­genas -constitucionalmente reconocidas en 1994”, que “prohibió los desalojos a las comunidades indí­genas” y “ordenó relevar los territorios indí­genas”. Pero “pasados 10 años, menos del 30% de los territorios fueron relevados”, y solo se han recuperado unas 200 mil hectáreas en los últimos 10 años, afirmó Kosovsky en su discurso.

La situación se estarí­a agravando por los “numerosos desalojos, incluso violentos” y por el “abandono de mesas de diálogo y consultas pasando a reprimir con violencia inusitada conflictos territoriales”. Kosovsky puso como ejemplo el vaciamiento de “instituciones indí­genas” por parte del gobierno de Mauricio Macri: “los programas” han sido “desfinanciados” y los “lí­deres indí­genas criminalizados e injustamente, encarcelados como Agustí­n Santillan del Pueblo Qom en Formosa, y el lonko mapuche, Jones Huala, en Rio Negro y Chubut”, subrayó.

En el plano institucional, el abogado argentino reiteró en conferencia de prensa “obstáculos procesales, culturales, económicos y profesionales” en su paí­s, que perjudican “los derechos de los pueblos indí­genas”. Señaló “la inadecuación de los sistemas judiciales”, y alertó que “los jueces y fiscales no reciben capacitación en derechos de los pueblos indí­genas, ni conocen como viven”.

Son cerca de un millón de indí­genas en Argentina, sobre los casi 44 millones de habitantes. Se congregan a lo largo y ancho del paí­s en 32 comunidades censadas y hablan unas 12 lenguas diferentes al castellano. Sus orí­genes son preexistentes al nacimiento del Estado Nacional de Argentina.

En 1885, en la llamada “Campaña del desierto” para delimitar sus fronteras, el gobierno nacional argentino llevó a cabo una represión de exterminio y asimilación de los indí­genas que significó el primer indicio del genocidio que ahora se pretende sea reconocido por la ONU. La acción coronarí­a el ya concretado proceso de ratificación los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los indí­genas (107 y 169), y la asunción de Declaración Universal de los Pueblos Indí­genas adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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