El abogado argentino Fernando Kosovsky pidió al mecanismo de expertos sobre Derechos de Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la elaboración de “un protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos indígenas víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados”. Los expertos se encuentran sesionando en Ginebra.
Kosovsky, quien también es director para la Patagonia argentina del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat), denunció el “genocidio estatal contra el Pueblo Mapuche” en Argentina y solicitó “reparaciones al estado”.
El jurista mantuvo una reunión con la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la filipina Victoria Taupi-Corpuz, a la que alentó para que exija al gobierno argentino del Presidente Mauricio Macri tomar medidas urgentes.
La urgencia se debe a que la Ley 26.160, del año 2006, “no se cumplió y vence en noviembre de 2017”. La norma podría renovarse si así lo dispusiera el Congreso argentino y de tal modo mantener “la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígenas -constitucionalmente reconocidas en 1994”, que “prohibió los desalojos a las comunidades indígenas” y “ordenó relevar los territorios indígenas”. Pero “pasados 10 años, menos del 30% de los territorios fueron relevados”, y solo se han recuperado unas 200 mil hectáreas en los últimos 10 años, afirmó Kosovsky en su discurso.
La situación se estaría agravando por los “numerosos desalojos, incluso violentos” y por el “abandono de mesas de diálogo y consultas pasando a reprimir con violencia inusitada conflictos territoriales”. Kosovsky puso como ejemplo el vaciamiento de “instituciones indígenas” por parte del gobierno de Mauricio Macri: “los programas” han sido “desfinanciados” y los “líderes indígenas criminalizados e injustamente, encarcelados como Agustín Santillan del Pueblo Qom en Formosa, y el lonko mapuche, Jones Huala, en Rio Negro y Chubut”, subrayó.
En el plano institucional, el abogado argentino reiteró en conferencia de prensa “obstáculos procesales, culturales, económicos y profesionales” en su país, que perjudican “los derechos de los pueblos indígenas”. Señaló “la inadecuación de los sistemas judiciales”, y alertó que “los jueces y fiscales no reciben capacitación en derechos de los pueblos indígenas, ni conocen como viven”.
Son cerca de un millón de indígenas en Argentina, sobre los casi 44 millones de habitantes. Se congregan a lo largo y ancho del país en 32 comunidades censadas y hablan unas 12 lenguas diferentes al castellano. Sus orígenes son preexistentes al nacimiento del Estado Nacional de Argentina.
En 1885, en la llamada “Campaña del desierto” para delimitar sus fronteras, el gobierno nacional argentino llevó a cabo una represión de exterminio y asimilación de los indígenas que significó el primer indicio del genocidio que ahora se pretende sea reconocido por la ONU. La acción coronaría el ya concretado proceso de ratificación los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los indígenas (107 y 169), y la asunción de Declaración Universal de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007.
