Expertos internacionales en derechos humanos pidieron este jueves a la ONU la apertura de los archivos de la Comisión de la Verdad, entidad que investigó los crímenes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), para sumarlos a los procesos penales contra la cúpula militar de la época.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF) convocaron en la capital salvadoreña a estos expertos para conmemorar el 25 aniversario de la publicación del informe de la referida comisión.
Kate Doyle, analista de la organización National Security Archive, destacó que los miembros la Comisión de la Verdad recogieron diversos testimonios para elaborar su informe y luego pidieron a la ONU guardar los archivos para mantener en el anonimato la identidad de estos por razones de seguridad.
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No obstante, Doyle apuntó ante "los nuevos imperativos en El Salvador para que avance la justicia y el Estado de derecho", es necesario abrir los archivos, pero ocultando los nombres de los informantes.
"Creo que la Comisión puede hacer otra contribución muy grande a la justicia transicional en El Salvador al abrir los archivos en las Naciones Unidas, por lo menos para los procesos que se están iniciando", apuntó.
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El informe de la Comisión de la Verdad se basó en 22.000 denuncias sobre graves hechos cometidos principalmente por el Ejército y la guerrilla, de las cuales 7.000 fueron recibidas directamente por los comisionados y el resto les fueron remitidas por instituciones gubernamentales y privadas.
El exasesor de esta comisión Douglass Cassel también se mostró "a favor" de que estos archivos, actualmente almacenados en la sede de la ONU en Nueva York, "entren en un proceso de publicación, siempre que se proteja la identidad de los testigos".
La portavoz de la OACNUDH, Margarita Uprimny, dijo a Efe que un camino con el que la ONU podría acceder a esta petición es que los exmiembros de la comisión, que solicitaron mantenerlos sellados a perpetuidad en 1993, acuerden pedir su apertura o que la solicitud venga de un funcionario del Estado salvadoreño.
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La Comisión de la Verdad -que durante seis meses, entre 1992 y 1993, conoció denuncias e investigó crímenes políticos cometidos desde 1980- estaba integrada por el expresidente de Colombia Belisario Betancur, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo, y por el experto en derechos humanos estadounidense Thomas Burgenthal.
La Justicia salvadoreña reabrió las causas penales por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote en 1981 y el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980 por la anulación de una ley de amnistía, emitida a pocos días de la publicación del referido informe, en julio de 2016.
