El superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, instó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar correctamente la posible corrupción que podría haber por parte de las personas o empresas salvadoreñas inscritas a Panamá Papers, a fin de no “dañar la imagen” de los que no tengan delito.
“Se tiene que hacer una investigación prudencial y también preventiva, y si la Fiscalía tiene voluntad de hacer su papel en realizar las investigaciones como le corresponde; y si Hacienda profundiza las investigaciones a la evasión fiscal, pues lógicamente El Salvador va a tener mejores condiciones”, expresó Perdomo.
Y agregó, que la investigación del caso debe estar en mano de “autoridades competentes”, como la Fiscalía y hacerlo apegado a la constitucionalidad y debido proceso, “lo peligroso es que a través de una publicación, se bote la reputación, la imagen y el prestigio de una persona o empresa sin haber seguido un debido proceso”.
Según el medio de comunicación que reveló en el país el caso de Panamá Papers, "unos 33 abogados salvadoreños sirvieron de nexos para que empresarios locales crearan 220 empresas anónimas en paraísos fiscales".
Entre los salvadoreños que presuntamente poseen empresas en estos paraísos fiscales están propietarios de medios de comunicación impresos y televisivos y algunos funcionarios públicos.
El superintendente asegura que el caso”fue un robo de información” y que impacta a más de 14 mil entidades offshore en el mundo, sin embargo acotó que lo importante es el manejo judicial que se le dé al tema.
“Si fue un robo o filtración lo que puede ser peligroso es el monopolio de la información, la discrecionalidad de lo que se mostrará y si es una investigación sería, para que no por el simple hecho de estar en la lista, usted ya esté condenado.
Ante esto, Perdomo aseguró que se están realizando investigaciones “con autoridades competentes”, movimientos de flujos de dinero, y otros, en caso los hubiera, afirmó que se dará a conocer a la Fiscalía y al Ministerio de Hacienda para hacer una investigación detallada y con apoyo de las Fiscalías de otros países.
“Los que tengan información, compártanla con las autoridades, en esto estamos todos, el daño es a toda la población, nadie es dueño de la verdad y debemos respetar la institucionalidad, no solo hay un culpable, la transparencia no es un arma para atacar al adversario político o empresarial”, acotó el funcionario.
En cuanto al uso de prestanombres, el superintendente manifestó que deben ser “penalizados seriamente”. “debe haber un control que regule que si las personas que están fundando una empresa, son idóneas y tienen capacidad para las mismas; hay accionistas que llegan a la Superintendencia, que ni declaran renta ni trabajan, algo hay ahí”.
