La Dirección General de Centros Penales (DGCP) informó que 1.282 privados de libertad en el penal de Cojutepeque han sido trasladados a las cárceles de Izalco y Quezaltepeque debido a la clausura del penal de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán.
La Dirección detalló que la movilización, desarrollada el 17 de junio de 2016, es parte de una de las medidas para atender la problemática de violencia generadas por estructuras pandilleriles desarrolladas en el marco de las medidas de emergencia contra la criminalidad.
“Mil privados de libertad fueron trasladados al Penal de Quezaltepeque y 282 al Penal de Izalco. Esta medida se enmarca en el Plan El Salvador Seguro, atendiendo solicitudes y recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia”, declaró la institución.
El 16 de junio, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, anunció que la cárcel de Cojutepeque se daba por clausurada debido a que pobladores aledaños al recinto, aseguraban que éste no reunía las condiciones necesarias para operar en la zona.
“De veinte centros penales que hay en el país, solo tres fueron diseñados con las normas de un centro penitenciario (Izalco, Zacatecoluca y Apanteos). Los otros 17 son viejos cuarteles y antigua infraestructura adecuada para ser cárceles”, manifestó recientemente el vocero.
Hacinamiento
Recientemente el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, aseguró que el total de reos que serán trasladados paulatinamente son 2,721, acción que, según dijo, no agravará aún más el problema de hacinamiento carcelario que afecta los 21 centros de reclusión del país.
Según fuentes oficiales, el penal de Cojutepeque tenía una capacidad para albergar a 400 privados de libertad, no obstante, recluía a 1, 282 personas.
Sin embargo, según datos brindados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el penal de Izalco sufre con el 354% de hacinamiento, el penal de Quezaltepeque lo sobrepasa con el 417%.
Ante esto, el Gobierno asegura que se construirán tres centros de reclusión temporal para albergar a 10 privados de libertad, los cuales deben tener condenas menores de ocho años y no haber cometidos delitos graves.
