Redacción ContraPunto
5,907 denuncias se acumulan durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Los recursos de disconformidad responden a las presuntas presuntas detenciones arbitrarias registradas por organizaciones como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Socorro Jurídico Humanitario. Las primeras dos han compilado 4,531 denuncias, presumiendo que el 75% responden a presuntas detenciones arbitrarias.
Raquel Caballero de Guevara, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), declara su responsabilidad sobre las organizaciones demandantes, una tarea encomendada por al Presidencia de la República y el Gabinete de Seguridad. Las demandas del Socorro Jurídico se ventilan desde el departamento de Verificación Penitenciaria, titulado por su representante, Neris Belloso.
Liberados en el Régimen
3,313 personas fueron liberadas, sólo hasta la primera semana del mes de enero del año 2023. El dato lo compartió el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien sostuvo que durante la vigencia del Régimen se estarían garantizando los derechos humanos de los inocentes. No obstante, no todos los liberados han sido absueltos, ya otra considerable proporción de ésta es judicializada en libertad, con medidas alternas a la detención.
Movir (Movimiento de Vïctimas Demandates), también acudió a la PDDH, para supervisar las condiciones penitenciarias en los centros de contención. En última instancia, ha rendido un informe sólo de aquellas personas que recibieron liberad, tras permanecer detenidas en el Centro Penal la Esperanza, hasta el pasado 22 de febrero. Entre los liberados, es posible identificar a “Christian Eliseo Rauda Ramos, Bryan Alexander Martínez Sánchez, Elmer Leonel Navarrete Mejía, Óscar Armando Zelaya Cruz, Jorge Alberto Ruiz Zúnica” y otros 10 ciudadanos.
La cifra de personas liberadas, por tanto, se iría engrosando durante los períodos sucesivos a la fecha de enero de 2023, en la que el MJSP rindió su último informe, en competencia. Sólo hasta el pasado 23 de febrero, en el Centro Penal La Esperanza, también se enumerarían otras 15 personas liberadas, entre las que se enumeraría “José Abilio Reyes Benitez, Francisco Antonio Amaya Amaya, José Roberto Lovos, Gabriel Elíseo Aquino Fuentes y Carlos Baires Alvarado”.
El Gabinete de Seguridad reitera que la reinserción de las personas liberadas responde al cumplimiento a sus derechos humanos, en palabras de Villatoro y del titular de la FGR, Rodolfo Delgado. Sin embargo, Movir califica a los funcionarios públicos como “violadores a derechos humanos”. La PDDH, por su parte, ha reafirmado la postura receptiva encomendada por el Gabinete, desde su primera reunión, en septiembre del 2022; pero reiterando su enfoque exclusivo a las víctimas e inocentes, más no a los pandilleros.
Cárceles y muertes
97,728 es la cifra de reos que forman parte del sistema penitenciario. La cifra, no obstante, rebasa a la capacidad instalada para 70,864 personas, aún con la instalación del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot). Éste resultado responde a una estimación elaborada por ContraPunto, partiendo de la cifra de total de 61,199 personas detenidas durante el Régimen de Excepción; y de las 36,529 internas en los períodos anteriores.
90 personas, por otra parte, han sido reportadas sin vida, sólo hasta el mes de noviembre del año 2022. Éste dato lo reafirma la Fiscalía General de la República (FGR), ante la Comisión contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (Onu); asegurando, en su declaración inicial, que las muertes no habrían tenido implicaciones, desde el personal de seguridad penitenciario, ni el administrativo.
Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
Menos homicidios
309 días sin homicidios intencionados se enumeran durante la administración del presidente Bukele. El dato corresponde a los reportes oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC). Ésta categoría, desde luego, omite otras categorías generales de homicidios registrados, como aquellos que han tenido lugar en el ejercicio del derecho a la legítima defensa, en escenarios de confrontación mortal entre pandilleros y policías.
Villatoro y miembro del Gabinete de Seguridad sostienen que los resultados responden a la vigencia del Régimen de Excepción y a la del Plan Control Territorial (PCT). Sin embargo, sólo durante los días transcurridos al mes de febrero, la cantidad de homicidios se enumera en 23 hechos de sangre, intencionales. Aún así, la cifra es un 83.33% interior respecto de los 138 homicidios reportados en el mismo período del año 2022.
199 homicidios intencionados, por otra parte, se han reportado desde el 1 de enero al 23 de febrero del año 2021. La cifra es inferior, en un 30%, respecto de los 209 homicidios perpetrados en el mismo período del año 2020; y aún inferior, en un 54%, respecto a los 455 homicidios intencionados concurridos durante el mismo período del año 2019.
