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sábado, 31 de julio del 2021

PDDH pide a FGR investigar desapariciones forzadas

Insta a la Sala de lo Constitucional a no retardar más el proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistí­a

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El titular de la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, pidió a la Fiscalí­a General de la República (FGR) que investigue con “celeridad, diligencia y efectividad”  las denuncias interpuestas por las familiares de ví­ctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

Asimismo insta a la Fiscalí­a a que identifique e individualicen responsabilidades de los violadores de derechos humanos durante la guerra. El llamado lo hizo en el marco de la conmemoración de la “Semana internacional de las ví­ctimas de desaparición forzada”, cuyo fin es incidir ante las instituciones del Estado a cumplir con el compromiso de preservar la memoria de las ví­ctimas, el conocimiento de la verdad, la justicia y las reparaciones.

Morales llamó a la entidad a que haga valer lo ordenado en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, para que los familiares accedan a la justicia en estos casos.

El Salvador ya ha recibido sentencias por desapariciones forzadas, La primera sentencia  que recibió el Estado por la niñez desaparecida de la guerra fue el 1 de marzo de 2005 por el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz. En su dictamen la CorteIDH dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debí­a pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las ví­ctimas y sus familiares, entre otras. 

La segunda sentencia fue dada a conocer en octubre de 2011 y contiene la denuncia de las desapariciones forzosas de Ana Ramí­rez y Carmelina Mejí­a, desaparecidas en 1981;  Gregoria, Serapio Cristian y Julia Contreras, en 1982 y José Rubén Rivera, quien desapareció en la Hacienda La Joya en San Vicente. Todas las desapariciones fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Armada. 

La última sentencia recibida fue por a la desaparición de cuatro niños y una niña entre los años 1980 y 1982. El caso por el que el paí­s recibió la sentencia lleva por nombre “Caso Rochac Hernández y Otros”. 

“En relación a las medidas y programas de reparación a las ví­ctimas de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente a las madres y familiares de los desaparecidos, iniciadas por el gobierno y en el cumplimiento de las recomendaciones de las Sentencias de la Corte IDH; manifestó que deben ejecutarse con celeridad y efectividad”, cita el comunicado de la PDHH.

Por otro lado, Morales insta a la Sala de lo Constitucional, a no seguir retardando la justicia en relación al proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistí­a.

La desaparición forzada es considerada por el derecho internacional como una de las peores formas de violaciones a los derechos humanos, constituye un crimen de lesa humanidad y un delito continuo y permanente, cuyos efectos se prolongan en el tiempo mientras no se establezca el paradero de la ví­ctima o sus restos mortales. Esto lo hace un delito imprescriptible y respecto del cual no son aplicables las amnistí­as u otras excluyentes de responsabilidad penal.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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