El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en sus manos hacer cumplir la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia e investigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña.
El pasado miércoles la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993 con la que se otorgó protección a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador y de la guerrilla que cometieron crímenes mientras combatían en el conflicto armado que duró doce años en el país.
Morales expresó que esta es una sentencia más que pone a prueba “si la voluntad judicial cambiará”; para el titular en todas las administraciones de FGR ningún titular de la entidad ha cumplido con la ley y aplicaciones de tratados internacionales y de la constitución.
“La sentencia emitida por la sala no anula completamente los efectos de la Amnistía, se excluye de la Amnistía los crímenes de guerra y lesa humanidad que están contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad u otros de igual gravedad, es decir, se está acomodando al estándar de los derechos humanos en cuanto a los alcances de la Amnistía”, acotó Morales.
De esta forma, Morales enfatizó que la sentencia no anula completamente los efectos de la Ley de Amnistía ya que esta protege a los excombatientes de ambos bandos a quienes no se les imputa crímenes de lesa humanidad.
“Desde el año 2000 hay sentencias que ordenan investigar desapariciones de niños; a su vez en el 2011 la Sala mandó a investigar la masacre de San Francisco Angulo y en el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó investigar masacre de niños y el Mozote”, dijo el titular de la PDDH.
Según Morales, el problema de la impunidad no ha estado en el fondo en la Ley de Amnistía sino ha radicado en la postura de jueces y fiscales que en casos concretos han decidido favorecer a los “represores” y discriminar a las víctimas.
El ombudsman concluyó que esta sentencia debe verse como una conquista de las víctimas y organizaciones de en pro de los derechos humanos; quienes desde 1993 han presentado demandas de inconstitucionalidad y multiplicidad para acciones de justicia.
