Durante la campaña electoral de 2009, una de las promesas con la que el entonces candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes sedujo al electorado fue la tan afamada fábrica de empleos. Funes llegó a la presidencia (2009-2014).
Hoy, la Asamblea Legislativa se ha convertido en esa fábrica, que el exmandatario no cumplió, lejos de eso, desvió $351 millones de fondos públicos y se nacionalizó nicaragüense para no enfrentar la justicia por delitos de corrupción. Pero eso es otra historia.
El Palacio Legislativo, ya lleva más de una semana de estar en el ojo de la tormenta por contrataciones que hacen diputados de parientes y amigos o personal contratado que no llega a trabajar pero recibe salario.
Las revelaciones que hizo la exdiputada pecenista Cristina López a través de su cuenta de Twitter, encendieron las alarmas en el PCN.
López está radicada en Estados Unidos y aun así, la Asamblea le pagó por el menos medio año, $2,000 mensuales, que hoy el presidente de la Asamblea y del mismo partido, Mario Ponce, le está pidiendo que lo regrese porque ha cometido fraude contra el Estado.
Pero la exlegisladora, lejos de eso, afirmó que el otrora fuera su partido, paga a tres exdiputados y un militar retirado que no ponen un pie en el congreso.
El jefe de fracción de este partido, José Almendáriz, deja en manos de la junta directiva de la Asamblea para que haga los procedimientos legales para que la exparlamentaria reintegre los salarios que devengó hasta diciembre del año pasado.
Para el también militar en situación de retiro, es justificable la contratación de las personas a las que hace mención Cristina López.
En el caso del exdiputado Dagoberto Marroquín, es asesor en el tema de pensiones. Fue legislador por cinco períodos: 1994-1997; 1997-2000; 2003-2006; 2006-2009 y 2009-2012.
En el 2014, la Asamblea Legislativa le entregó un reconocimiento como “Distinguido compositor musical”, durante la presidencia del efemelenista Sigfrido Reyes, que huye de la justicia por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa agravada.
El exdiputado Elizardo González Lovo, está contratado por Ley de Salario como asesor institucional en el área de transporte. Fue legislador por 15 años. En el 2011 contrató a su hijo Elizardo González Reyes como motorista; después lo ascendió a jefe de transporte de la Asamblea.
Fue destituido por Sigfrido Reyes por violar la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe en su artículo 6: “nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten servicios en la entidad que preside o en la que se desempeña un funcionario público”.
El último exparlamentario con plaza es Rafael Machuca, que estuvo en el congreso 27 años. Tuvo un derrame cerebral dijo Almendáriz y todavía lo tienen en planilla.
Hilda Jiménez, madre de la niña Katya Miranda, fue candidata a diputada en el 2015. Sobre ella, el jefe del grupo parlamentario explicó que iba a Estados Unidos y regresaba. Estuvo ingresada en el hospital de Diagnóstico por problemas de tiroides y tuvo que radicarse en el país del norte para continuar el tratamiento por lo que se le canceló el contrato.
Al respecto, Jiménez, desmintió este lunes los señalamientos que hizo la exdiputada López el domingo y afirmó que la demandará por calumnia.
También la diputada Eeilen Romero, señaló que demandará a Cristina por implicarla en el personal que cobra y no trabaja.
Elizardo González fue abordado por los medios y no quiso hacer comentarios de las acusaciones de la exparlamentaria contra su persona. Afirmó que labora en el área técnica de la Asamblea y supervisa todo lo que tiene que ver con el transporte de la institución. “Trabajamos también en lo que tiene que ver con la legalización de las lotificaciones, hemos trabajado en varias áreas y cuando me llaman hago algunas consultorías y me presento”.
Aseguró que no tiene un horario específico de entrada y salida por tanto no marca. Su trabajo es en el congreso, en el partido, en los departamentos de Morazán y San Miguel, es decir, que es el complemento del trabajo legislativo.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, salió al paso al manifestar que como primer medida su equipo de prensa está tratando de verificar si la cuenta de Cristina López es o no falsa, porque han detectado al menos 4 o 5.
Asevero que no le consta que su partido haya recibido dinero de Casa Presidencial (CAPRES), tal como lo denunció López, para adquirir láminas y abono para trabajo electoral.
Dejó claro que está comprometido con las prácticas del buen gobierno. “Nosotros daremos a la Fiscalía toda la colaboración que requiera de la Asamblea”.
Enfatizó que van a trabajar de la mano con el Ministerio Público para esclarecer los casos de nepotismo y se deduzcan responsabilidades.
“La parte institucional es mi compromiso. La parte partidaria queda en manos de los partidos políticos y ellos son quienes tienen que responder”.
El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, señalado de tener trabajando en el primer Órgano de Estado a familiares, indicó que las explicaciones las dará en el Tribunal de Ética Gubernamental, en donde demostrará que no ha contratado parientes ni cuando fue presidente, ni como diputado particularmente.
“Sí es cierto que ellos trabajan acá. Hay algunos que tienen 14 años de laborar y rinden en su trabajo, no pedí que los contrataran, ellos vinieron cuando era presidente Ciro Cruz Zepeda”.
El pecenista fue diputado desde 1985 hasta el 2012 y presidió la Asamblea el 1 de mayo de 2000 hasta febrero de 2011.
El fiscal General, Raúl Melara, anunció hoy que ha abierto un expediente para determinar la veracidad de lo escrito en las redes sociales de Cristina López.
“Lo que procede es determinar la veracidad de la cuenta, propiedad de quién es y una serie de hechos si efectivamente es cierto o no lo que se manifiesta”, precisó.