Internamente también se levantaron voces críticas porque el gobierno presentó el hecho como un enfrentamiento con un miembros del autodenominado "Ejército del Pueblo Paraguayo" (EPP), organización guerrillera que presuntamente opera en el norte desde el 2008, pero que hace varios meses está inactiva.
Los obispos de la Iglesia Católica expresaron que el operativo armado de las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), integradas por militares y policías, dejó “dudas e interrogantes”, mientras que la abuela de las niñas, que vivían en Argentina y tenían esa nacionalidad, fueron asesinadas y "ahora no saben cómo salir de la situación", dijo. La mujer aseguró que las niñas estaban allí porque habían viajado desde Argentina para conocer a sus padres, presuntamente guerrilleros del EPP.
Por este hecho, la Cancillería argentina emitió este fin de semana un comunicado en el que demanda al Gobierno paraguayo el urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de las dos menores, de 11 años. "Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades", indica la nota.
Paraguay respondió enseguida y señaló que la demanda argentina los toma por sorpresa. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, declaró que su gobierno, encabezado por el presidente, Mario Abdo, tiene toda la "predisposición de mantener los canales de cooperación abiertos con las autoridades argentinas con el fin de compartir información sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos con derivación trágica en el que murieron dos niñas en un campamento del EPP".
También se pronunció la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas sorbe Derechos Humanos, exigiendo que se esclarezca el hecho y que se "debe investigar, sin demora y de forma imparcial" el crimen.
El gobierno paraguayo y aseguró que "no se ha recibido solicitud alguna de información por parte de la citada Oficina desde el momento de los hechos del 2 de setiembre hasta hoy en que emitió el referido comunicado, por lo que sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos".
Paraguay "rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado, hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina del Alto Comisionado llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo".
En este confuso panorama, manifestantes paraguayos concurrieron el fin de semana al Panteón de los Héroes, ubicado en el centro de Asunción, y pintaron consignas en su fachada, un edificio que es patrimonio nacional y donde se guardan reliquias del proceso histórico del país, entre ellas restos de algunas personalidades.
El acto generó una inmediata investigación y el pedido de captura de tres mujeres quienes fueron identificadas como responsables de las pintadas y de quemar una gigantesca bandera nacional que adornaba el frente del edificio.
El operativo militar del miércoles 2 de setiembre fue en la zona boscosa de Yby Yaú, a unos 370 kilómetros al norte de Asunción, la capital de Paraguay.
Luego del combate el Gobierno paraguayo informó que durante este habían muerto dos menores de edad de sexo femenino, sin mayores detalles sobre su identidad, pero luego que los cuerpos fueron exhumados, un médico forense dijo a periodistas en Paraguay que las fallecidas eran dos niñas de 11 años y que presentaban heridas de bala.
El hecho sigue teniendo aristas oscuras.
