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viernes, 30 de julio del 2021

¿Pactos fiscales o Acuerdos para el Desarrollo?

Más allá de la necesidad de un llamado “pacto fiscal”, donde la derecha polí­tica y empresarial pretende controlar los destinos de la recaudación de impuestos, el proceso de entendimientos y acuerdos nacionales deberí­an plantearse desde un sincero enfoque y decisiones para nuestro desarrollo nacional sostenible que tenga al centro a todos los salvadoreños.

Sin duda hay que ver para adelante. Las soluciones nacionales tienen tiempos y requieren decisiones de corto, mediano y largo plazo. Y para ello también hay que reconocer la realidad de las correlaciones de fuerza, activas y pasadas, presentes y acumuladas.

La derecha polí­tica, empresarial, jurí­dica y mediática debe reconocer su deliberado débil “interés nacional” maquillado por un perverso “nacionalismo” utilitario y extractivo. No habí­a terminado el conflicto armado cuando promovieron, firmaron y se enriquecieron con la privatización de recursos estratégicos del Estado Salvadoreño, desmontando además la capacidad nacional de la educación, la salud, la seguridad y los servicios básicos. Adquirieron préstamos externos, muchos de ellos ilegí­timos y apropiados por una estructura público-privada corrupta. Se habla que el 80% de la deuda externa que actualmente se paga, fue adquirida por los gobiernos de Arena.

Además de ello, se anexaron a un TLC y dolarizaron la economí­a, donde el “gran empresariado local” fue y sigue siendo el único beneficiado, empujando a la mayorí­a de la población, a trabajadores y a muchos pequeños y medianos empresarios, a la exclusión, a la quiebra, marginalidad, informalidad y a la rampante migración.

Desde que entró el segundo gobierno de izquierda, han sostenido una consistente y ciega polí­tica de ahogamiento económico y desestabilización. El gran capital local (ligado a los norteamericanos) han optado por invertir sus ganancias en otros paí­ses de Centroamérica, el Caribe y hasta en Colombia, pagando mejores salarios y son ellos mismos los que han hecho campaña para asustar y repeler la inversión extranjera directa en El Salvador.

Las recién renovadas dirigencias de Anep y Arena tienen una deuda histórica al no rectificar los pecados estructurales en nuestro paí­s, como lo decí­a el asesinado beato Monseñor Romero. En ese sentido, hoy esta derecha debe reconocer, decidir y resarcir a la sociedad el enriquecimiento ilí­cito que han legalizado por décadas, porque fueron ellos quienes construyeron leyes donde el rico se hace más rico, el pobre más pobre, y la extraviada justicia estaba siempre sujeta al luminoso poder del dinero.

El gran capital local y su derecha polí­tica “renovada” no ignoran los informes de la Cepal, Oxfam y la Uca que han evidenciado las prácticas sistemáticas de elusión y evasión fiscal de grandes empresas nacionales y transnacionales. Son mil 500 millones de dólares anuales los que no ingresan al fisco para programas sociales e inversión, de alivio alimenticio, para recursos educacionales, de salud y para eliminar la inseguridad.

Esa evasión y elusión de dineros públicos está en directa correspondencia a la no reforma de leyes fiscales que Arena y la Sala de lo Constitucional, sus instrumentos polí­ticos, se niegan a aprobar. ¿Quiénes son sistemática y sistémicamente corruptos? Recuerden que el primer gobierno de izquierda entregó a la Fiscalí­a más de 150 expedientes en un furgón, que fueron engavetados y ocultados.

Se habla entonces de “pactos fiscales”, de “ley de responsabilidad fiscal” y de aprobación de fondos para el funcionamiento del Estado, ojo, no solo del “gobierno central”. La población debe estar atenta a que estos posibles acuerdos o reformas, leyes o pactos, no sean una sofisticación más del neoliberalismo. El neoliberalismo promovido por las polí­ticas del FMI o el Banco Mundial no genera desarrollo humano ni nacional.

La derecha empresarial, polí­tica, judicial, mediática y otros aliados (institucionales, de presión pública o de los que hoy se auto-nombran “sociedad civil”) trabajan para ganar cuotas de poder en el 2018 y obtener la presidencia en el 2019. Creen que no tendrán altos costos polí­ticos, sociales y económicos en su esfuerzo de desestabilización. Mal objetivo, malas metas, mal cálculo, malas prácticas, mal entendimiento cultural.

¿Quieren llevar al paí­s a una aguda crisis social, polí­tica, jurí­dica, militar, económica, cultural?

Ya pasamos por eso. Deben sincerarse ante la población: ¿No que están por la transparencia ante la sociedad?

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