Más allá de la necesidad de un llamado “pacto fiscal”, donde la derecha política y empresarial pretende controlar los destinos de la recaudación de impuestos, el proceso de entendimientos y acuerdos nacionales deberían plantearse desde un sincero enfoque y decisiones para nuestro desarrollo nacional sostenible que tenga al centro a todos los salvadoreños.
Sin duda hay que ver para adelante. Las soluciones nacionales tienen tiempos y requieren decisiones de corto, mediano y largo plazo. Y para ello también hay que reconocer la realidad de las correlaciones de fuerza, activas y pasadas, presentes y acumuladas.
La derecha política, empresarial, jurídica y mediática debe reconocer su deliberado débil “interés nacional” maquillado por un perverso “nacionalismo” utilitario y extractivo. No había terminado el conflicto armado cuando promovieron, firmaron y se enriquecieron con la privatización de recursos estratégicos del Estado Salvadoreño, desmontando además la capacidad nacional de la educación, la salud, la seguridad y los servicios básicos. Adquirieron préstamos externos, muchos de ellos ilegítimos y apropiados por una estructura público-privada corrupta. Se habla que el 80% de la deuda externa que actualmente se paga, fue adquirida por los gobiernos de Arena.
Además de ello, se anexaron a un TLC y dolarizaron la economía, donde el “gran empresariado local” fue y sigue siendo el único beneficiado, empujando a la mayoría de la población, a trabajadores y a muchos pequeños y medianos empresarios, a la exclusión, a la quiebra, marginalidad, informalidad y a la rampante migración.
Desde que entró el segundo gobierno de izquierda, han sostenido una consistente y ciega política de ahogamiento económico y desestabilización. El gran capital local (ligado a los norteamericanos) han optado por invertir sus ganancias en otros países de Centroamérica, el Caribe y hasta en Colombia, pagando mejores salarios y son ellos mismos los que han hecho campaña para asustar y repeler la inversión extranjera directa en El Salvador.
Las recién renovadas dirigencias de Anep y Arena tienen una deuda histórica al no rectificar los pecados estructurales en nuestro país, como lo decía el asesinado beato Monseñor Romero. En ese sentido, hoy esta derecha debe reconocer, decidir y resarcir a la sociedad el enriquecimiento ilícito que han legalizado por décadas, porque fueron ellos quienes construyeron leyes donde el rico se hace más rico, el pobre más pobre, y la extraviada justicia estaba siempre sujeta al luminoso poder del dinero.
El gran capital local y su derecha política “renovada” no ignoran los informes de la Cepal, Oxfam y la Uca que han evidenciado las prácticas sistemáticas de elusión y evasión fiscal de grandes empresas nacionales y transnacionales. Son mil 500 millones de dólares anuales los que no ingresan al fisco para programas sociales e inversión, de alivio alimenticio, para recursos educacionales, de salud y para eliminar la inseguridad.
Esa evasión y elusión de dineros públicos está en directa correspondencia a la no reforma de leyes fiscales que Arena y la Sala de lo Constitucional, sus instrumentos políticos, se niegan a aprobar. ¿Quiénes son sistemática y sistémicamente corruptos? Recuerden que el primer gobierno de izquierda entregó a la Fiscalía más de 150 expedientes en un furgón, que fueron engavetados y ocultados.
Se habla entonces de “pactos fiscales”, de “ley de responsabilidad fiscal” y de aprobación de fondos para el funcionamiento del Estado, ojo, no solo del “gobierno central”. La población debe estar atenta a que estos posibles acuerdos o reformas, leyes o pactos, no sean una sofisticación más del neoliberalismo. El neoliberalismo promovido por las políticas del FMI o el Banco Mundial no genera desarrollo humano ni nacional.
La derecha empresarial, política, judicial, mediática y otros aliados (institucionales, de presión pública o de los que hoy se auto-nombran “sociedad civil”) trabajan para ganar cuotas de poder en el 2018 y obtener la presidencia en el 2019. Creen que no tendrán altos costos políticos, sociales y económicos en su esfuerzo de desestabilización. Mal objetivo, malas metas, mal cálculo, malas prácticas, mal entendimiento cultural.
¿Quieren llevar al país a una aguda crisis social, política, jurídica, militar, económica, cultural?
Ya pasamos por eso. Deben sincerarse ante la población: ¿No que están por la transparencia ante la sociedad?
