Diferentes organizaciones de la sociedad salvadoreña expresaron su preocupación por el deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado, porque consideran que esto ha venido a abonar negativamente a la ya polarizada sociedad nacional.
“La confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia. No hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat, salubridad y empleo, que viven de economías de subsistencia. Son estas personas las que más sufren las consecuencias de este clima de confrontación”, indica parte de un comunicado emitido por las organizaciones.
En este sentido, consideran que es necesario garantizar el buen uso de los recursos, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por lo tanto, aseguraron que como representantes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo de trabajo conjunto, en este aspecto indicaron que el presidente de la República es el primero que tiene el deber de llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera.
“No es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar a aquellos con los que debe dialogar, pues con ello dinamita cualquier posibilidad de entendimiento. Que la pandemia haya encontrado al país en una situación de clara indefensión y sin políticas de prevención, subraya la necesidad de impulsar un diálogo respetuoso tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones”, indicaron.
Ante esto, invitaron a las autoridades de los tres poderes del Estado y a la sociedad salvadoreña a pensar seriamente en una agenda de país que permita construir un país distinto y mejor después de esta emergencia.
En cuanto a las autoridades, solicitaron que se preste especial atención a la situación de los Centros de Contención, y otros espacios de cuarentena.
“La permanencia en ellos debe estar limitada a 15 días y sujeta a revisión y evaluación por parte de un grupo multidisciplinar de médicos, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales. Solo así se evitarán las sistemáticas irregularidades reportadas por organizaciones de derechos humanos: elevadas posibilidades de contagio, retención prolongada e injustificada, negativa de dar información a los recluidos, falta de implementos para la higiene y traslados a lugares lejanos como forma de castigo ante las quejas”, señalaron.
Agregaron que: “mucho de esto aplica a los centros penitenciarios, donde el excesivo hacinamiento creará, tarde o temprano, un grave problema de salud. Por ello, creemos necesario permitir el ingreso a ellos de una comisión de representantes de instituciones de derechos humanos, a fin de que puedan tener información sobre la realidad y formular recomendaciones”.
