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sábado, 24 de julio del 2021

Organizaciones sociales exigen a CSJ detener impunidad en caso Tacuscalco

Los denunciantes aseguran que la construcción de un complejo habitacional en Nahuilingo, Sonsonate, afecta a comunidades indígenas y la salud de la población salvadoreña.

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Diferentes organizaciones sociales que integran el Movimiento Tacuscalco, exigieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debe detener el caso de impunidad de destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco y contaminación del río Ceniza ubicado en Sonsonate.

“Desde 2018, hemos develado las anomalías del proyecto urbanístico “Acropoli-Sonsonate” impulsado por inmobiliaria Fenix SA de CV (ligada a Salazar Romero) en el municipio de Nahulingo que ha destruido una parte del sitio Tacushcalco, amenaza ecosistemas hídricos del río Ceniza y derechos culturales/ambientales no solamente de la población de Nahulingo y Sonsonate sino de toda la población salvadoreña”, reza un extracto del comunicado emitido por el movimiento.

Los manifestantes aseguraron que Tacuscalco considerado como “sitio sagrado” por la pequeña comunidad indígena que hay en el país. Además, es considerado uno de los sitios más importantes del país, diversos estudios arqueológicos e históricos demuestran la relevancia del mismo como parte del circuito sociopolítico y cultural de la región de Los Izalcos en tiempos precolombinos y tiene la grandeza de contar con 3 mil años de historia.

Por lo tanto, solicitan también al Estado salvadoreño en su conjunto y particularmente al MICULTURA, ahora dirigido por Suecy Callejas, para que tomen en consideración la necesidad de dignificar el sitio.

“A lo largo del conflicto generado por el proyecto urbanístico se han generado diversas irregularidades: El proyecto Acropoli Sonsonate tiene 3 órdenes de paro de obra emitidos por el Ministerio de Cultura (MICULTURA), 1 orden de suspensión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como una orden judicial del Tribunal Ambiental de Santa Ana para detenerlo. Nunca contó con permisos culturales ni ambientales”, cita otro extracto del comunicado.

Por otra parte, indicaron que no solo contraviene la parte cultural, ya que más de 6 mil pobladores de 16 comunidades en Nahulingo y Sonsonate se han visto afectados porque hacen uso del agua del río para consumo humano; agricultura y ganadería, incluso uso recreativo.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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