Diferentes organizaciones sociales mostraron su oposición a las instrucciones que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dio a sus fuerzas de seguridad para que hicieran uso de la fuerza letal en “defensa propia” o “de la vida de los salvadoreños”.
Ante esto, los defensores de los derechos humanos aseguraron que este tipo de indicaciones es un llamado a hacer “justicia” por su mano y representan un grave peligro ya que pueden incrementar las violaciones al derecho a la vida y a la integridad física de las personas.
“Hay que recordar que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), desde mucho antes de la pandemia del Covid-19, tienen varias acusaciones por graves atropellos a la dignidad humana, independientemente si sus víctimas pertenecían o no a pandillas; muchos de esos hechos han quedado en la impunidad”, indica un extracto del comunicado emitido por las agrupaciones.
En este sentido, indicaron que las denuncias de acusaciones contra la FAES y la PNC han estado a la orden del día durante la pandemia.
Según los datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre el 21 de marzo y el 22 de abril ya registraba 778 denuncias contra el Estado; particularmente, contra integrantes de la PNC y la FAES por acciones en contra de la libertad, la dignidad y la integridad de las personas.
Mientras tanto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido más de veinte resoluciones en favor de personas que denunciaron ser víctimas de atropellos y haber sido violentados sus derechos fundamentales por agentes estatales. Dichas resoluciones, además, son extensivas a todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias que las denunciantes.
Por su parte, el presidente Bukele ha asegurado que su Gobierno “se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”.
En este aspecto, los firmantes entre los cuales se encuentran Víctimas Demandantes (VIDAS), Laboratorio contra La Impunidad, Fundación Roque Dalton, así como Ex veteranos de la guerra, entre otros, consideran que no se puede seguir pisoteando lo poco construido de un Estado de derecho democrático, después de una guerra larga, cruenta y cruel finalizada hace casi tres décadas, pero no es momento para incitar a la violencia, profundizar el miedo entre la población y generar anarquía.
Sin embargo, consideran que la administración Bukele debe corregir su actuación gubernamental y el rumbo de su respuesta a la pandemia.
Estos pronunciamientos no solo han sido hechos por las organizaciones nacionales, sino también internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
