Por Redacción ContraPunto
El endeudamiento del Estado con el Fondo de Pensiones aumentó $113.43 millones durante el último mes reportado. El FMI ha recomendado reducir la dependencia de estos recursos y el Gobierno se comprometió a presentar una nueva reforma previsional en 2027.
La deuda que el Estado salvadoreño mantiene con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,874.74 millones a septiembre de 2026, reflejando la creciente dependencia del financiamiento proveniente de los ahorros de los trabajadores cotizantes al sistema de pensiones, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con las cifras oficiales, $8,393.56 millones corresponden a obligaciones adquiridas antes de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022, mientras que otros $3,481.18 millones fueron acumulados después de esa modificación legal.
Durante septiembre, el Estado, mediante el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), emitió instrumentos financieros por $113.43 millones, adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con recursos provenientes de las cuentas de los trabajadores afiliados.
Estos instrumentos, denominados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), tienen establecida legalmente una tasa de interés anual del 7 %.
El ahorro de los trabajadores como fuente de financiamiento estatal
El mecanismo de financiamiento previsional permite al Estado obtener recursos para cumplir compromisos relacionados con el pago de pensiones, particularmente las correspondientes al Sistema Público de Pensiones (SPP), cuyos ingresos por cotizaciones resultan insuficientes para cubrir sus obligaciones.
A través de los años, los gobiernos han recurrido a la emisión de certificados y otros instrumentos financieros que son adquiridos por las AFP utilizando los fondos de los cotizantes.
Esto significa que una parte importante del ahorro previsional de los trabajadores se encuentra comprometida en instrumentos de deuda pública, cuyo pago depende de la capacidad financiera futura del Estado.
La situación también está relacionada con las pensiones mínimas de los jubilados que cotizaron al sistema de AFP. Estas prestaciones se financian mediante la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un mecanismo colectivo sostenido con aportaciones provenientes de los ahorros de los afiliados y que inicialmente recibió recursos públicos.
Cuenta de Garantía Solidaria enfrenta presión financiera
Uno de los principales desafíos del sistema previsional salvadoreño es la sostenibilidad de la Cuenta de Garantía Solidaria.
Según el estudio actuarial publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025, este mecanismo podría agotar sus recursos en 2029 y registrar un déficit proyectado equivalente al 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2030.
La legislación integral de pensiones aprobada en 2022 establece que, ante el agotamiento de la CGS, el Estado deberá garantizar el pago de las prestaciones mediante el Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad fiscal del país para responder a sus compromisos previsionales, especialmente ante el crecimiento de la deuda acumulada y las necesidades de financiamiento del sistema.
FMI pide fortalecer la sostenibilidad del sistema
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a El Salvador reducir su dependencia del Fondo de Pensiones como fuente de financiamiento estatal y avanzar hacia un esquema que permita garantizar la sostenibilidad de las obligaciones previsionales a largo plazo.
En el marco de los compromisos asumidos con el organismo financiero internacional, el Gobierno salvadoreño acordó presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma paramétrica del sistema de pensiones a más tardar a finales de junio de 2027.
Asimismo, el compromiso contempla buscar su aprobación legislativa a finales de septiembre de ese mismo año.
La reforma deberá orientarse a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema, incluyendo una mejor correspondencia entre las prestaciones que reciben los pensionados y las cotizaciones realizadas durante su vida laboral.
Un desafío fiscal y social para El Salvador
El crecimiento de la deuda previsional representa uno de los principales retos estructurales de las finanzas públicas salvadoreñas. Aunque los instrumentos financieros permiten al Estado cumplir sus obligaciones inmediatas, también incrementan los compromisos que deberán atenderse en el futuro.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los pensionados, la seguridad de los ahorros de los trabajadores y la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones sin profundizar la presión sobre las finanzas públicas.
Con una deuda previsional que ya supera los $11,874 millones y una reforma comprometida para 2027, el debate sobre el futuro de las pensiones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica nacional.
