Un grupo de 30 organizaciones acudieron a Casa Presidencial para pedir al presidente Nayib Bukele que reactive y fortalezca el trabajo que se había iniciado para la reparación que necesitan las víctimas de la guerra civil de los ochenta.
Los representantes de las víctimas, y defensores de los derechos humanos, mencionaron cuatro puntos específicos en la correspondencia que dirigieron a Bukele. Tres de ellos son consecuencia de la orden presidencial de suprimir la Secretaría de Inclusión Social (SIS).
Esta treintena de colectivos están reunidos por la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Aprobación de la ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador.
“Observamos con preocupación la afectación de otros procesos de reparación a víctimas del conflicto armado que se encontraban sin funcionamiento y advertimos también la necesidad de confirmar la continuidad y el fortalecimiento de otros espacios de trabajo ya existentes”, consigna la carta enviada.
El primer punto se refiere al Consejo Directivo de Reparación a Víctimas de Violaciones a los DH (CODREVIH) que fue creado vía decreto. En esta unidad, el Gobierno se encargaba de proveer medidas de reparación, sin embargo, el avance más concreto que se había alcanzado era el de un aporte económico.
El consejo era dirigido por la SIS, una de las cinco secretarías de la Presidencia que Bukele mandó a quitar del aparato estatal en su primera semana de mandato. Este cambio todavía no se ha hecho efectivo, porque hace falta hacer una serie de reformas a las leyes vigentes, como la del presupuesto nacional y los diputados han dejado a medias la deliberación sobre este asunto.
“Por el momento, las reparaciones contempladas en este Decreto se encuentran sin funcionar, a causa de la disolución de la Secretaría de Inclusión Social”, consigna la carta.
También se refirieron a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en El Salvador (CONABÚSQUEDA), creada por decreto en 2010. Una comisión similar, enfocadas a las personas adultas que desaparecieron durante la guerra, fue creada en 2018. Las organizaciones piden que se retome el trabajo y se fortalezca.
La SIS, además, recopiló información sensible de las víctimas. Los defensores de derechos humanos piden que se asegure el resguardo y protección de esta información.
Además, estos colectivos exhortaron a Bukele, que por Constitución ostenta el cargo de Comandante General de las Fuerzas Armadas, a que presione a esta institución militar para que entregue la información que ya se le ha pedido. Le piden “ordenar que se pongan a disposición de las autoridades judiciales y fiscales, así como de representantes legales de las víctimas, los archivos militares de relevancia”. Ya instituciones del Ejecutivo y del Judicial han dado mandatos explícitos a los militares para que entreguen información o que trabajen en crearla. Sin embargo, los voceros de esta institución insisten en que dicha información no existe. Un ejemplo emblemático es el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños (diciembre, 1981). Aun cuando el juez insiste en que la información sea entregada, desde la Fuerza Armada continúa la reticencia para compartir más información sobre la Operación Rescate, a cargo del Batallón Atlacatl, que propició esta masacre ““la mayor de América Latina durante el siglo XXI contra civiles desarmados”“.
Discusión de ley de reconciliación, contra el reloj
La investigación de los crímenes que ocurrieron durante la guerra, por parte de los militares y de la insurgencia, es una deuda pendiente con todas las víctimas. Eso mismo sucede con las medidas de reparación para las víctimas: el avance ha sido mínimo y solo bajo presión. La Ley de Amnistía General en 1993 anuló toda posibilidad de buscar la verdad, sancionar a los responsables y dar una justa reparación a las víctimas.
Pero desde que la Sala de lo Constitucional expulsó esa ley de 1993 del ordenamiento jurídico salvadoreño, el panorama cambió. En sus sentencia de julio 2016, la Sala obligó a las autoridades de Gobierno diseñar y aprobar una nueva ley, pero que estuviera guiada por los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aunque fue necesario emitir dos sentencias más para que al menos los diputados se pusieran manos a la obra, esta realidad está cada vez más cercana.
Por el momento hay dos propuestas de ley: una que elaboraron por los diputados y otra que propusieron las organizaciones sociales. Ambas están en estudio.
Por mandato de la Sala de lo Constitucional, los diputados tienen hasta diciembre para completar el diseño y la aprobación de una nueva ley de reconciliación que cumpla con lo que se había dictado en la sentencia de julio 2016.
En la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, los diputados miembros acordaron agilizar el trabajo para cumplir con el plazo, que ya se les extendió una vez. Pero además, el diputado efemelenista Schafick Hándal dijo que han comenzado, con su partido, a consultar con las organizaciones que representan a las víctimas.
David Morales, de litigio estratégico en Cristosal, advirtió que ya se han dado dos intentos de aprobar una versión actualizada de ley de amnistía de 1993 y también señaló que el proceso que lleva el FMLN no es transparente, sino, de carácter partidario.
El día límite que fijó la Sala de lo Constitucional para tener lista la nueva legislación es 13 de noviembre de este año.
