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Ordenan recapturar al exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y 18 exfuncionarios más por peligro de fuga

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Se estima que los acusados habrían extraído $14 millones de 21 tiendas institucionales que familiares depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en los centros penales.

La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador revocó instrucción con medidas alternas a la detención en contra de los exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén, vinculados al desvío de fondos de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio, entre los años 2018 y 2019.

En la resolución otorgada por el Juzgado Sexto de Paz dictada el pasado 15 de septiembre, la juez emitió una caución económica que va entre los US$5,000 y US$1,000 para los imputados, la cual ahora deberá ser devuelta, y regresar a la cárcel.

A los acusados se les imputa los delitos de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada. El tribunal superior fundamentó su resolución en el peligro de fuga de los imputados y en la probable obstaculización de la investigación que se sigue, tomando en cuenta que todavía laboran en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como en la Policía Nacional Civil (PNC).

La resolución de la Cámara apunta: “Estamos ante delitos muy graves, cosa que no genera certeza sobre el sometimiento de los referidos imputados a futuras convocatorias, dada la situación imputable”.

“El proceso penal tiene que ver con las tiendas penitenciarias, que la institucionalidad correspondiente es la Dirección General de Centros Penales y no la Policía Nacional Civil”, argumentó el abogado defensor, Gustavo Huezo.

La orden de captura ordenada sería contra 19 de los 21 exfuncionarios acusados entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima Molina.

Se estima que los acusados habrían extraído $14 millones de 21 tiendas institucionales que familiares depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en los centros penales.

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