La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador revocó instrucción con medidas alternas a la detención en contra de los exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén, vinculados al desvío de fondos de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio, entre los años 2018 y 2019.
En la resolución otorgada por el Juzgado Sexto de Paz dictada el pasado 15 de septiembre, la juez emitió una caución económica que va entre los US$5,000 y US$1,000 para los imputados, la cual ahora deberá ser devuelta, y regresar a la cárcel.
A los acusados se les imputa los delitos de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada. El tribunal superior fundamentó su resolución en el peligro de fuga de los imputados y en la probable obstaculización de la investigación que se sigue, tomando en cuenta que todavía laboran en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como en la Policía Nacional Civil (PNC).
La resolución de la Cámara apunta: “Estamos ante delitos muy graves, cosa que no genera certeza sobre el sometimiento de los referidos imputados a futuras convocatorias, dada la situación imputable”.
“El proceso penal tiene que ver con las tiendas penitenciarias, que la institucionalidad correspondiente es la Dirección General de Centros Penales y no la Policía Nacional Civil”, argumentó el abogado defensor, Gustavo Huezo.
La orden de captura ordenada sería contra 19 de los 21 exfuncionarios acusados entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima Molina.
Se estima que los acusados habrían extraído $14 millones de 21 tiendas institucionales que familiares depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en los centros penales.
