El juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, ordenó este viernes que se reabra el caso de la masacre El Mozote, ocurrida en 1981. La notificación de reapertura del proceso penal histórico de la masacre se ampara en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
La masacre de El Mozote ocurrió en diciembre de 1981 y dejó cerca de 1.000 campesinos asesinados. Según CEJIL es la matanza más grande registrada en América Latina.
El abogado defensor de las víctimas de El Mozote, Wilfredo Medrano, explicó a ContraPunto que el juez le solicita al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de comandante de la Fuerza Armada que entregue al menos cinco informes de esa época.
Medrano dijo que el juez “pide (al presidente) que informe sobre quienes conformaban la estructura militar en la época de la masacre, los nombres que conformaban el batallón Atlacatl, le solicita los libros de novedades de todos los registros que tengan, le solicita también los nomres de los destacamentos militares que participaron en la masacre”.
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Además el juez hace una solicitud al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) para que le envíe información de 14 militares entre ellos: el exgeneral Guillermo García, el jefe del estado mayor de esa época, Rafael Flores Lima y Natividad de Jesús Cáceres. Medrano señala que a ellos el juez les da la calidad de imputados, debido a que hay procesos abiertos en contra de ellos que quedaron suspendidos por la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993.
La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 13 de julio de este año y a señaló que no son amnistiables aquellos hechos narrados en la Comisión de la Verdad (como el caso de El Mozote), así como aquellos de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a la Fuerza Armada o a la guerrilla “y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales, por los efectos de la presente sentencia y por la gravedad de los mismos, no han prescrito”.
La notificación del juez es en respuesta a la solicitud que hicieron los abogados y familiares de las víctimas de El Mozote el pasado 17 de agosto.
“El proceso comienza, esto es una punta de lanza lo que ha dado el juez, está bien por el país y anima a otras organizaciones a que interpongan denuncias, no solo en contra de la FAES, sino de los bandos que ellos consideren agresores”, señaló Medrano, e instó a Sánchez Cerén a que colabore y entregue los informes que se le han solicitado.
Respecto al caso de El Mozote, diversas organizaciones internacionales, entre ellas CEJIL, enviaron una carta abierta al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en la que le solicitan que investigue diligentemente y se haga justicia en favor de las víctimas.
“En aras de procurar que El Salvador cumpla con sus obligaciones internacionales, (“¦) le exhortamos a iniciar las investigaciones o a impulsar la pronta reapertura de los todos los casos de graves violaciones a derechos humanos. Ello, incluyendo tanto aquellos casos recogidos por el Informe de la Comisión de la Verdad, aquellos que han sido atendidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o aquellos casos de igual gravedad que se encuentran en situaciones análogas de impunidad”, se lee en la carta.
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