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viernes, 14 de mayo del 2021

ONU reiteró llamado a liberar activista argentina

El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU también pide a la Argentina liberar a Milagro Sala

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El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU invitó a la Argentina a “implementar las medidas sugeridas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas” sobre el caso de la dirigente indí­gena Milagro Sala, organismo que el 27 de octubre pasado pidió su liberación “inmediata”, indica un dictamen publicado este viernes en Ginebra, revelado por la Agencia France Presse (AFP).

“El Comité está preocupado por los actos de represalias, intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos y miembros de los pueblos indí­genas, afrodescendientes y migrantes, así­ como de la criminalización de la que son ví­ctimas por sus actividades de defensa de los derechos humanos “¦ entre otros “¦ Milagro Sala, lí­der de la Organización Barrial Tupac Amaru”, recalca el documento.

Añade que se “garantice el acceso efectivo a la justicia, y el respeto a los derechos fundamentales y las garantí­as al debido proceso en los juicios que se siguen contra defensores de los derechos y miembros” de estas comunidades, entre los que incluye a Sala.

Inicialmente acusada judicialmente de sedición, supuestamente por organizar una protesta (un acampe de manifestantes) en la Plaza Belgrano de la provincia de Jujuy (noroeste), que habrí­a entorpecido la circulación, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, pero luego fue liberada, para ser inmediatamente acusada de “defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilí­cita”, y mantenida en detención.

Este Comité recibió el mes pasado a una delegación de la Argentina, encabezada por el Secretario de Estado para Derechos Humanos del gobierno nacional, Claudió Abruj, quien entonces negó que el de Sala fuera “un tema de discriminación racial”. Manifestó que era perseguida por “alegaciones de corrupción extranjeras a su acción militante”.

Por otra parte, este Comité instó a la Argentina que refleje “en su legislación la visión que tiene sobre su carácter pluriétnico y multicultural”, porque “a pesar de la existencia de normas relativas a la protección de los derechos de los pueblos indí­genas, falta un marco legislativo completo y mecanismos adecuados que pongan en practica de manera plena y efectiva estos derechos de manera uniforme en todo el territorio”. 

A su vez el Comité observó que pese al reconocimiento de las autoridades de Argentina al “derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indí­genas, el Estado no garantiza todaví­a el peno disfrute y ejercicio de este derecho”, y mencionó el ejemplo de la Asociación de Comunidades Aborí­genes Lhaka Honhat”, exhortando a “concluir la demarcación del  territorio, entregar el titulo colectivo “¦ y asistir a las familias criollas en su relocalización”.

En cuanto a los migrantes, el Comité fustigó “la discriminación de los migrantes, en particular de las comunidades senegalesas y dominicanas, “¦ las mujeres y las personas en situación irregular”. Agregó “el aumento de las órdenes de expulsión, el recorte de las polí­ticas de regularización” de personas “provenientes de paí­ses fuera del Mercosur”, y “la vigencia de normas de distinción en el acceso a derechos básico”.

Destacó su inquietud “por los planes de crear un centro de detención para migrantes a la espera de ser deportados, porque podrí­a dar lugar a que la detención sea usada como última opción”. Recomendó en cambio “considerar medidas alternativas a la privación de libertad de migrantes en situación irregular, y recurrir a la detención solo como última opción, y garantizar que ésta sea razonable, necesaria, proporcionada y por el mí­nimo perí­odo de tiempo”. 

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