Desde Ginebra, Juan Gasparini.
Por 18 votos a favor, 7 en contra, y 22 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prolongó el mandato por un año de la Relatora Especial para Rusia, Mariana Katzarova. Los 8 países latinoamericanos que forman parte de los 47 Estados que integran este Consejo, se pronunciaron divididos en Ginebra. Apoyaron la decisión Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay, se abstuvieron México y Honduras, al tiempo que Cuba y Bolivia votaron en contra.
La resolución expresa «profunda preocupación» por la «persistente impunidad de las autoridades y su negativa a investigar presuntos casos de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y violencia sexual y de genero contra personas privadas de libertad, así como la situación de los niños deportados a Rusia». El Presidente Vladimir Putin habría dicho en un discurso que esos menores expatriados serian 300.000, según informó en Ginebra la Misión Establecimientos de Hechos de la ONU en Ucrania. Kiev comunicó ya tener 19.000 casos registrados.
Las alegaciones recogidas en la resolución, se extienden a «denuncias de ejecución extrajudicial de personas criticas con el Gobierno y a las graves restricciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como en espacios físicos, para silenciar a la disidencia, las opiniones en contra de la guerra y otras actividades pacíficas que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática». El texto responsabiliza a las autoridades de la Federación de Rusia, de ejercer una «represión sastemática» contra civiles.
Entre las víctimas el documento adoptado por el máximo órgano de la ONU en materia de libertades públicas y derechos individuales (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), se mencionan «medios de comunicación independientes, periodistas”, trabajadores de prensa, «las poblaciones indígenas, personas en situación de vulnerabilidad, minorías, abogados, representantes de la oposición política» y «otras personas que ejercen sus derechos humanos».
Pormenorizando ejemplos, se añade «el cese de actividad impuesto por la fuerza» a «organizaciones de la sociedad civil, como Memorial, el Grupo Helsinki de Moscú, el Sakharov Centre, el Centro de Información y Análisis SOVA, el Centro de Ayuda los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, la organización de derechos humanos Man and Law, el bloqueo y cierre forzado de Novaya Gazeta, Eco de Moscú y el canal de televisión Dozhd, y las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros».
Paralelamente abundan «la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte» del Kremlin «… y el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la infraestructura de la información y las comunicaciones y a la información independiente, la intensificación de la censura y la desinformación, la cibervigilancia impuesta para controlar la información e intimidar y silenciar las voces criticas», las cuales, de subir detenciones, no tienen derecho «a un juicio imparcial y a asistencia letrada de su propia elección».
Asimismo, preocupan en la ONU las medidas legislativas que apuntan a los denominados «agentes extranjeros», el «extremismo» y las « organizaciones indeseables», en torno a la Ley de 4 de marzo de 2022 por la que se modifican «el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal», conocida como «ley de noticias falsas sobre el ejército ruso». También «las prohibiciones generales de difusión de información» para acallar «opiniones pacificas independientes y pluralistas», castigadas con «multas, reclusión arbitraria y penas de carcel».
En ese contexto existen otras disposiciones «contra la sociedad civil rusa para penalizar y criminalizar la cooperación con las organizaciones internacionales», por ejemplo «represalias por haber colaborado con mecanismos de derechos humanos de la ONU». Ello ha generado «autocensura», disuadiendo a los actores de la población, contactar con «otras organizaciones».
Por tanto, tras «acoger con beneplácito» el informe de la Relatora Mariana Katzarova por su primer mandato, el Consejo decidió prorrogarlo por un segundo año. Le encomendó «que celebre consultas con todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil tanto dentro como fuera de Rusia, y que presente un informe exhaustivo» de aquí a un año. Sabiendo que las autoridades rusas no autorizaron su visita al país en el mandato que viene de finalizar, la ONU espera pueda hacerlo en esta nueva oportunidad, pudiendo «reunirse con todas las partes interesadas».
Cabe finalizar trayendo a colación, que con una diferencia de pocas horas, la resolución que se viene de votar en Ginebra, prácticamente coincidió con otro revés de Rusia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando Moscú intento vanamente revertir la separación del Consejo de Derechos Humanos sufrida tras su invasión a Ucrania en 2022. Debe recordarse que entonces fue derrotada por 93 votos favorables a la suspension, 24 en contra y 58 abstenciones. Ahora Vladimir Putin postuló para volver entrar al Consejo por una vía alternativa, compitiendo por 1de los 2 escaños que se renovaban para los países de Europa del Este. Fueron elegidos Bulgaria, con 160 votos, y Albania con 123 votos. Rusia siguió afuera pues no le alcanzaron los 83 votos que obtuvo, de los 193 Estados inscriptos en la Asamblea General de la ONU.
