La adjunta del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Kate Gilmore, formalizó sus recomendaciones al Gobierno colombiano y a las FARC-EP para que el proceso de paz se realice “con base en los estándares internacionales de derechos humanos”, y los invitó a “reconocer plenamente” sus responsabilidades en el conflicto, exhorta en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra este miércoles en Suiza.
“Sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”, recalca el informe.
“Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrados graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado”, afirmó el Alto Comisionado.
“Las solicitudes de perdón de las FARC-EP cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”, apunta también el informe.
El gobierno colombiano, por boca de su embajadora en Ginebra, Beatriz Londoño Soto, reiteró “que no habrá impunidad”, y que “se están haciendo los ajustes necesarios” para cumplir con “los estándares internacionales”; y “con lo pactado” para “hacer visibles los beneficios de la paz”, pero la diplomática suprimió en su discurso oral una frase de su texto escrito entregado a la ONU, donde aseguraba que “seguiremos fomentando la transparencia y la rendición de cuentas”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima instancia supranacional en la materia, está compuesto por 47 Estados, elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General, según una distribución equitativa por regiones del planeta. Actualmente se encuentra presidido por El Salvador, en nombre de América Latina y el Caribe, grupo que dispone de 8 escaños (Venezuela, El Salvador, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Panamá y Paraguay).
Colombia es país observador ante el Consejo. Con el evidente objetivo de evitar ser condenado por las históricas violaciones de los derechos humanos, y que se le impusiera un Relator Especial para dar seguimiento al caso, como existe por ejemplo ahora en Myanmar o Corea del Norte, el gobierno colombiano aceptó en 1996 el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio para monitorear la situación, órgano que ha elaborado el informe presentado hoy.
El documento del Alto Comisionado advierte que “entre los desafíos externos para la exitosa implementación” del “sistema integral de justicia transicional en el Acuerdo de Paz”, destacan “la inseguridad y el interés de algunos sectores poderosos de evitar rendición de cuentas”; y en ese sentido lamenta que dicho sistema “si bien incluye referencias generales a las garantías de no repetición, no establece previsiones específicas para materializarlas”.
El Alto Comisionado pide que las FARC-EP “aporten sus archivos”, para que sean “considerados de la misma manera que aquellos del Estado”, y subraya la necesidad que los combatientes en vías de abandonar las armas tengan “la seguridad y el acceso a condiciones de vida”, sin olvidar que las “experiencias anteriores de desmovilización”¦ ilustran la estigmatización y la violencia que pueden enfrentar los lideres e integrantes de las nuevas organizaciones políticas”.
Previendo “el riesgo” que los desmovilizados de las FARC-EP “se vinculen con actividades criminales”, el Alto Comisionado hace un llamado para que el Estado vele por “el establecimiento oportuno y funcionamiento efectivo de los mecanismos de seguridad y protección para ellos, y la creación de empleos que contribuyan a la infraestructura social”, con vista a “fortalecer el proceso de reintegración”.
La ONU estima que “la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) podría manifestarse públicamente para dar claridad sobre las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”, para que los altos cargos del Estado no eludan la rendición de cuentas; mientras aguarda propuestas del gobierno “para regular la depuración de funcionarios públicos vinculados a graves violaciones de los derechos humanos”, y desea garantías sobre el respeto a las víctimas en cuanto a “las amnistías, indultos, y tratamientos penales especiales”.
“La violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales se ha recrudecido”. En 2016 hubo “80 homicidios selectivos, de los que 31 tuvieron lugar en fechas posteriores al inicio del cese el fuego bilateral y definitivo”. En 2017 y “hasta el 2 de marzo han sido asesinados al menos 25” dirigentes de la sociedad civil, contabilizaron en una declaración conjunta, la Federación Luterana Mundial, Peace Brigades International y OIDHCO.
El gobierno declaró que “en el caso de las amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores, en esta delicada etapa del proceso,”¦ ha desplegado importantes esfuerzos para investigar caso por caso y ha tomado acciones para brindarles la protección necesaria que les permita el libre ejercicio de su labor”.
