Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias arbitrarias reveló este lunes las conclusiones de su visita a El Salvador entre las que se encuentra, una exhortación al gobierno de Salvador Sánchez Cerén para que cesen inmediatamente las medidas extraordinarias de seguridad que según Callamard, deshumaniza la situación de centros penales salvadoreños.
“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”, exhorta Callamard en sus conclusiones.
En su informe, la relatora destaca que la aplicación por parte del gobierno de las medidas extraordinarias de seguridad que se adoptaron en 2016, ha dado pie a la detención de 39.110 personas, en detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas, muchas de ellos a la espera de juicio.
No es la primera vez que un delegado de Naciones Unidas exhorta a El Salvador a renunciar a dichas medidas. En noviembre pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Zeid Ra’ad Al Hussein visitó el país, y entre sus recomendaciones estuvieron que el gobierno debía derogar las medidas extraordinarias, algo, que autoridades de seguridad desmintieron en su momento.
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Más recientemente, a finales de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación a la voluntad gubernamental de extender las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales, que a su juicio, son atentatorias de los derechos humanos de los privados de libertad, en un informe final realizado por la Comisionada Margarette May Macaulay, en su calidad de Relatora de la CIDH para los Derechos de las Mujeres y de Relatora de país.
Pese a las recomendaciones, el gobierno salvadoreño ha solicitado a la Asamblea Legislativa una nueva prórroga de un año más para el despliegue de las medidas que implican endurecimiento de políticas penitenciarias en seis cárceles del país, despliegue de la Fuerza Armada en seguridad pública, entre otros puntos.
Agnes Callamard también mostró su preocupación por la creciente desconfianza en cuerpos de seguridad estatal por parte de la población en prácticas como las ejecuciones extrajudiciales. “Las personas de las comunidades más empobrecidas me hablaron de su miedo y la falta de confianza en los funcionarios de seguridad. Muchos hablaron de lo que según ellos perciben es una guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres, con la policía y los funcionarios públicos tratando a toda la juventud como si fueran pandilleros simplemente por el mero hecho del lugar en el que viven”, señala Callamard en su informe.
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En su declaración final de misión, destaca los desafíos complejos y de larga data de El Salvador, el miedo y la inseguridad endémicos y generalizados, y una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, la mayoría de los cuales se atribuyen a las pandillas, quien a su juicio, asesinan de forma deliberada para tener control de territorios, generando un interminable trauma en las víctimas.
Por su parte, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén se reunió con Callamard. Durante la audiencia, realizada en Casa Presidencial, el mandatario le reiteró el compromiso de su gobierno con el respeto a los derechos humanos, tema que es un eje transversal dentro de sus políticas públicas, como también lo han sido las iniciativas impulsadas para buscar que se garantice la protección, el ejercicio pleno de los derechos e inclusión social de los sectores más vulnerables.
Este informe se suma a los que señalan a El Salvador como un país que vulnera algunos derechos humanos, y que ponen en entredicho el segundo gobierno de corte progresista del FMLN en pleno apogeo electoral.
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