La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, volvió a la carga con nuevas evidencias sobre la represión en Venezuela. El delegado de Nicolás Maduro replicó, y María Aristeguieta, la flamante embajadora del líder de la oposición y Presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido por 52 países, asomó en el debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Con la debida protección de las fuentes, Bachelet destapó que sigue “investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad” de Maduro; 205 muertes en 2018, más 37 en 2019. El “patrón” de los asesinatos han ocurrido “durante allanamientos ilegales de domicilios”, anunciados posteriormente como el “fallecimiento” debido a “una confrontación armada, aunque testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
“En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones” contra los presuntos homicidas. “La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”, afirmó Bachelet.
También “documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza”, durante el “auge de las protestas “¦ en los dos primeros meses de este año. Prometió “información detallada al respecto”, para la próxima sesión de éste Consejo en junio venidero.
El representante de Maduro en este Consejo salió el cruce y sostuvo que “han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 “¦ sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional, de actos vandálicos y criminales “¦ promovidos por un sector violento de la oposición, financiados desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados”, aunque los supuestos hechos y autores, la identificación de cadáveres, destrucción de bienes, fechas, lugares, circunstancias, y procedimientos judiciales, no fueron revelados.
