Al cierre de la primera sesión anual concluida este viernes en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cesó de facto a su Relator Especial para Haití, el experto independiente colombiano Gustavo Gallón. Es la primera vez en 11 años de existencia que este Consejo suprime un mecanismo de control directo sobre un país que afronta deficiencias graves en materia de derechos humanos.
El hecho sienta un precedente inquietante que podría servir a otros Estados que, al margen de los niveles de inobservancia de los derechos humanos y las intrínsecas razones de cada uno, están al propio tiempo mereciendo el tratamiento de “procedimientos especiales” de este Consejo. Son los casos de Siria, Myanmar, Corea del Norte, Irán y Sudán del Sur, cuyas autoridades también se oponen a que el máximo órgano de la ONU les aplique una vigilancia específica.
La inquietud se acrecienta cuando Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, que actualmente ocupan los escaños de la región en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se manifestaron hostiles a que las otras Relatorías a dichos países fueran impuestas por la ONU pese a la oposición de sus gobiernos.
Sin suerte, Gallón, luchó por impedir el cese de la observación de la ONU en Haití. El martes pasado presentó ante el Consejo el informe anual de su gestión, formuló recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos en Haití, y pidió que le renovaran el mandato por un año para acompañar su ejecución.
En su informe, señaló cinco prioridades: las debilidades institucionales de la democracia con un presidente elegido por el 55.6% del 21% del electorado; el acuciante analfabetismo que castiga al 30% de la totalidad de la población; la enorme cantidad de presos en detención preventiva prolongada y las condiciones inhumanas de cautiverio; la impunidad de la fenecida dictadura de Jean-Claude Duvalier; y las víctimas del terremoto de 2010, de la epidemia de cólera, y de la expulsión de haitianos de la vecina República Dominicana.
Sin embargo, el jurista advirtió que el flamante gobierno haitiano recientemente elegido, presidido por Jovenal Moí¯se, se oponía a la continuidad de su labor. Dijo que el proclamado motivo esgrimido era la creación de un Ministerio de Derechos Humanos, y el refuerzo del Comité Interministerial para los Derechos Humanos lo que podría quitar la razón de ser a su tarea. Pero de inmediato aclaró que, a la postre, el gobierno no incluyó ninguna de dichas propuestas en su mensaje al Parlamento por una presunta falta de presupuesto.
Formalmente varios Estados debatieron sobre las denuncias de Gallón sobre la intención de cesar sus funciones y se gestó un movimiento de sensibilización hacia los tres países que podían ejercer influencia sobre el gobierno haitiano para que aceptara la continuidad de un mandato creado en 1987: Francia (el antiguo colonizador), Estados Unidos (por su implicación en la asistencia frente los desastres naturales), y Brasil (por haber dirigido las fuerzas de paz de la ONU, y su participación sustancial en la ayuda humanitaria).
Fue en vano. Francia se inclinó silente ante la negativa del presidente Moí¯se a recibir en audiencia a su embajador en Puerto Príncipe. La nueva política de derechos humanos de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump echó por tierra cualquier iniciativa. Y Brasil habría optado por usar de trampolín su trayectoria con cascos azules y socorro ante las calamidades naturales para transformarse en inversor privilegiado que espera sacar ganancias del desarrollo que se pondría en marcha en la convaleciente Haití.
El presidente del Consejo en 2017, el salvadoreño Joaquín Maza Martelli, extendió el certificado de defunción de la Relatoría para Haití este viernes en Ginebra. Leyó una declaración que la comunidad internacional aceptó y proclamó que corresponderá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recoger la herencia de Gustavo Gallón. Además tocará a este mismo la labor de supervisar al gobierno de Moí¯se en el cumplimiento de las recomendaciones.
Según un portavoz del gobierno haitiano, el verdadero móvil de la negativa a la presencia de un Relator de la ONU para Derechos Humanos es que no contribuiría a un clima propicio para las inversiones.
