“Es fundamental se acelere y se refuerce la implementación de los contenidos del Acuerdo relacionados con la necesidad de intensificar la lucha contra la corrupción”, exhorta el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre Colombia, debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con participación de las oeneges.
“Según los cálculos de la Contraloría General de la Nación, el costo de la corrupción asciende a 17 mil millones de dólares cada año aproximadamente”, afirmó la ONU. La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), oenege basada en Ginebra, instó “a los países donantes a establecer mecanismos de control eficientes que garanticen que los recursos asignados “¦ contribuyan a un mayor disfrute de derechos en las comunidades rurales afectadas por el conflicto”.
“Llamamos a la comunidad internacional a supervisar la utilización de sus aportes, evitando que sean utilizados de manera indebida. Su vigilancia es esencial para garantizar una implementación adecuada de los acuerdos”, de modo que no sean “desviados con estrategias de corrupción”, advirtió la RIDH.
Otros datos citados por la ONU dan cuenta de 64.095 denuncias por actos de corrupción en Colombia, entre 2012 y 2016, pero “señala solo el 1,6% de los casos fueron resueltos, lo que ilustra la significativa impunidad histórica”, y recuerda que “más de 500 funcionarios públicos estaban siendo investigados “¦, que comprometen aproximadamente 686 millones de dólares”.
“La reforma agraria no avanza”, adelantó Vía Campesina, “se requiere acción estatal y garantías presupuestales que creen un entorno favorable para la creación de infraestructuras y mercados locales, para el saneamiento de los títulos de propiedad de tierras y comercialización de la producción agrícola”.
Dominicans for Justice and Peace, insistió en “la importancia de garantías presupuestales necesarias para el plan de formalización de la propiedad, previsto en el Acuerdo Final de Paz. La ausencia de acciones concretas por parte del Estado para poner en marcha este plan ha detenido la posible recepción de ayudas financieras provenientes de gobiernos extranjeros y consecuentemente, ha afectado la ejecución del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de coca”.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) apoyó la labor de la ONU en “el retiro progresivo de la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad”, al tiempo que IFOR (International Fellowship of Reconciliation), se preguntó “¿por qué en tiempos de paz se sigue reclutando como en tiempos de guerra?. ¿Por qué se aumenta el gasto militar un 8%, (y en) ciencia y tecnología se reduce en un 48%?.
IFOR sostuvo que “el gobierno destina 32,4 billones a MinDefensa y 335.438 millones al Ministerio de Cultura, porque tenemos el segundo ejército más grande de América Latina, mientras los especuladores de la guerra, siguen vendiendo armas y tecnología militar a Colombia, como aporte para la paz”.
La Comisión Colombianas de Juristas criticó al gobierno de Juan Manuel Santos por haber dejado “acéfala” la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, desde fines del año pasado, cuando expiró el mandato de su responsable, Todd Howland, hasta ayer, cuando se anunció la aceptación de su sucesor, el italiano Alberto Brunori, luego de haber rechazado la candidatura del estadounidense Scott Cambell.
Ese retraso “es inadmisible y afecta gravemente a la población colombiana”, aseguró esta oenege. Dicha Oficina, donde trabajan en el terreno, unos 300 funcionarios de la ONU, debe hacer “seguimiento” a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en materia de derechos humanos, asistencia técnica y observación.
Los hechos se desencadenaron ayer en medio de las deliberaciones y de manera aparentemente imprevista. La embajadora de Colombia ante los organismos internacionales en Ginebra, Beatriz Londoño, aceptó de forma inesperada al italiano Alberto Brunori, al frente de la oficina del Alto Comisionado en Colombia, cuya nominación estaba prácticamente congelada desde el año pasado.
La diplomática dijo que su gobierno “celebra la designación del Señor Alberto Brunori y reitera su voluntad para mantener con la oficina del Alto Comisionado, una interlocución permanente, franca y constructiva en beneficio de la población”, revelando la identidad del flamante responsable de Naciones Unidas para Derechos Humanos, mantenida en secreto, un ex Representante del Secretario General en Afganistán, y ex director de oficinas de la ONU en Guatemala y México.
La embajadora Londoño respondía así a la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, quien en la copia escrita de su discurso distribuido a la prensa anunció previamente que esperaba la acreditación del jefe para Colombia “muy pronto”, pero en el momento de hablar dijo “inminente”, sin dar su nombre.
La delegada colombiana había mantenido minutos antes de iniciarse la sesión una reunión con un grupo de oeneges, que le entregaron una carta dirigida al Presidente, Juan Manuel Santos, expresando “preocupación ante la ausencia de acreditación del nuevo representante”, del Alto Comisionado, y reclamaron que la Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, “formalizara la acreditación lo antes posible”.
Era de público conocimiento, como se ha dicho, que las autoridades colombianas habían rechazado una primera propuesta del Alto Comisionado para conducir su Oficina en Colombia, la del estadounidense Scott Cambell, sabiendo que el hasta hace poco titular de la misión, el también estadounidense Todd Howland, se había ido de Colombia .
El informe de su Oficina, urge al gobierno colombiano “cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto”, y recomienda “profundizar el reconocimiento, fortalecimiento y respaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas”.
Plantea la necesidad de fijar “metas realistas”, en esas zonas, “que incluya un análisis de riesgos que tome en cuenta la presencia de economías ilícitas”, y alienta al Estado a “la adquisición pública de productos locales”¦ como medio para transformar la pobreza y la exclusión histórica”, y “a desarrollar un sistema que permita que más funcionarios públicos, de todos los niveles, tengan la experiencia de trabajar en zonas rurales”.
Por otra parte “insta” a la Justicia y al gobierno “a seguir incrementando sus esfuerzos para prevenir, procesar y castigar los casos de corrupción de funcionarios públicos y representantes políticos”, y propone a la “Procuraduría General de la Nación”¦ investigar y adoptar medidas administrativas y disciplinarias adecuadas en relación con las demoras en la implementación del Acuerdo” con las FARC-EP, “en el marco de las negociaciones con el ELN”.
