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lunes, 26 de julio del 2021

ONU aboga por liberación de dirigente indí­gena

La activista se encuentra detenida en la provincia de Jujuy y su caso sigue pendiente en la Corte Suprema de Justicia de Argentina desde enero de 2016

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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU envió a dos de sus cinco miembros a la Argentina, del 8 al 18 de mayo, para abogar por la liberación de la dirigente indí­gena Milagro Sala, presa desde enero de 2016. Los delegados deberán también inspeccionar los lugares de reclusión, entrevistar a ví­ctimas, autoridades y la sociedad civil en la capital, Buenos Aires, y en las provincias de Jujuy y Chubut.

Los expertos que viajan a Argentina son Sí¨tondji Roland Adjovi, oriundo de Benin, y la letona Elina Steinerte. Se espera que puedan reunirse de manera privada con Sala. Además, se anunció que reiterarán al gobierno de Mauricio Macri que la ponga en libertad, como fue solicitado mediante una decisión notificada en octubre de 2016. La activista sigue detenida en la provincia de Jujuy y su caso sigue pendiente en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Además, Adjovi y Steinerte visitarán la comunidad indí­gena mapuche de Cushamen, Chubut, en la región austral del paí­s. Según denuncias, esta etnia es perseguida para reprimir su derecho a la protesta desde inicios de 2017. Los indí­genas protestaron para reclamar la devolución de sus tierras ancestrales, ahora propiedad del empresario italiano Luciano Benetton, quien posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina.

“El 10 y 11 de enero de 2017, el Lof Cushamen sufrió una dura represión, con más de 200 efectivos de Gendarmerí­a Nacional que avanzaron sobre la comunidad y detuvieron a una decena de dirigentes”, denunció Amnistí­a Internacional (AI). La organización denunció la falta de “control judicial efectivo sobre el operativo y los alcances y exabruptos que fueron cometidos”.

De los siete detenidos mapuches en aquel acto, tres han sido procesados por “impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra, en grado de tentativa, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado”, delitos que pueden derivar “penas de tres meses a cinco años de cárcel”, recogió la prensa argentina.

En diciembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, observó “con preocupación que a pesar del marco legal que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indí­genas, el Estado (argentino) no garantiza todaví­a el pleno disfrute y ejercicio efectivo de este derecho”, e instó a implementar la ley 26.160 y “a la pronta finalización del proceso de relevamiento de las tierras y territorios ancestrales”.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, está compuesto por cinco expertos independientes, uno por cada región del mundo según la ONU, los cuales son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes trabajan sin cobrar sueldo.

Esta es la segunda vez que el Grupo sobre la Detención Arbitraria visita la Argentina. Antes lo hizo en 2003 para recomendar al gobierno de Néstor Kirchner “revisar la legislación y práctica en materia de detención preventiva”, que “debe ser la excepción, no la regla”, y liberar a los imputados “cuando ello no sea incompatible con el interés superior de la justicia y cuando pueda asegurarse de otra manera su comparecencia en juicio”.

Asimismo le recomendó tomar medidas contra la sobrepoblación carcelaria, que “está en la base de los problemas detectados en las condiciones de detención”, un fenómeno que hoy sobrepasarí­a en un 10% de la capacidad de alojamiento penitenciario del paí­s. Esto a tenor de lo admitido la semana pasada en Ginebra por la delegación argentina ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

Datos oficiales del Sistema Nacional de Estadí­stica sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) precisan que en Argentina, al 31 de diciembre de 2015, habí­a 75 mil 769 personas en prisión, una tasa de 176 cada 100 mil habitantes, cuando la totalidad de la población alcanzaba la cifra de 43 millones 131 mil 966.

En aquella primera misión, hace casi 14 años, los expertos tuvieron una serie de dificultades como cancelaciones de reservas de vuelos y hoteles que les impidieron, entre otras cosas, visitar Santiago del Estero (provincia), que unas semanas después fue intervenida por el gobierno federal de Kirchner, según un funcionario que formará parte de la comitiva de la ONU.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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