Diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de la niñez y la adolescencia pidieron al futuro Gobierno, conformado por Félix Ulloa y Nayib Bukele, reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado en El Salvador, el cual tiene un gran impacto en el desarrollo de los niños y adolescentes salvadoreños.
“Es una situación gravísima que no ha sido reconocida. El Estado en su conjunto tiene la responsabilidad, porque hay una sentencia de la Sala Constitucional. Creo que el no reconocer estos fenómenos que golpean la consciencia nacional no nos va permitir resolverlos de manera adecuada. Hay una mora de cumplimiento de esa sentencia, uno de los hechos más notorios de esa sentencia es que exigía que el Estado reconociera esas víctimas, personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia por causa de la violencia, que ahora se ha agravado en la niñez y en la adolescencia es una mora del Estado. Como nuevo Gobierno tenemos la obligación, no solo moral de enfrentar este problema, sino de carácter legal porque se trata de una sentencia”, expresó el vicepresidente electo, Félix Ulloa al momento de recibir el informe sobre el impacto de los desplazamientos forzado sobre el desarrollo de los niños y niñas de El Salvador.
Dicho informe fue presentado al vicemandatario electo por la fundación Cristosal, Plan Internacional, EDUCO, la Asociación de Municipios Microrregión El Bálsamo (MREB) y la Asociación de Desarrollo Voces de Madres de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad (ADVMES).
Por su parte, representante de Plan Internacional, Celina Rosales, reiteró que el reconocimiento de los desplazamientos forzados es necesario para crear programas de protección que influyan en el desarrollo educativo y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
“El impacto sobre los niños y las niñas es grande, la educación, el que el niño y la niña dejen de estudiar, esto impacta en su vida, sabemos que si un niño o una niña siguen la educación va a tener un mejor futuro. Primera instancia la educación, segundo sus derechos, porque estos niños al salir de su zona no tienen la recreación, que es uno de sus grandes derechos, el tener una familia, porque muchas veces se van porque han perdido a su mamá, a su papá, esto lo impacta emocionalmente y los niños crecen con una secuela muy grande, por eso es importante que el Gobierno que viene retome la situación y pueda crear políticas que vayan de cara a poyar a las familias que están en desplazamiento”, agregó Rosales
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El papel de la Asamblea Legislativa
En cuanto al documento que el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, entregó a la Asamblea Legislativa, la directora de programas regionales de Cristosal, Celia Medrano, explicó que este no constituye una iniciativa de ley, sino que está compuesto por una serie de insumos que serán retomados por los diputados en la discusión de las tres propuestas que se están discutiendo en el interior del Parlamento.
“No es una iniciativa de ley, lo presentado ha sido un listado de estándares mínimos, que desde la normativa internacional debe de cumplir cualquier propuesta de ley que pretenda normar la atención y protección de víctimas de violencia, se ha prestado a una confusión, el lunes no fue presentada una propuesta de ley, hay tres propuestas actualmente que están en discusión en la Comisión de Legislación”, detalló Rosales.
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De igual modo, Medrano reiteró que esperan que el Gobierno entrante “reconozca desde el más alto nivel” la problemática de los desplazados por violencia.
“Esperaría que el nuevo Gobierno haga algo que este Gobierno no hizo y es reconocer desde el más alto nivel, desde la presidencia de la República, la gravedad de la problemática de los desplazados internos por la violencia. Esta gestión estuvo negando esta problemática, la estuvo invisibilizando, después minimizando, ahora afortunadamente funcionarios públicos han empezado a hablar de desplazados internos, pero eso no representa un reconocimiento oficial”, concluyó Medrano.
