Organizaciones de derechos humanos expresaron este viernes algunas inconformidades que a su juicio, hubo en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía hace un año, pues señalan contradicciones y pocos avances en su cumplimiento por parte de instituciones estatales.
La audiencia se realizó el pasado 19 de julio y fue presidida por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la que asistieron el apoderado legal de la Presidencia, el fiscal general Douglas Meléndez y el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos.
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Según las organizaciones, hubo una evidente contradicción entre instituciones estatales pues afirman que Asamblea Legislativa y Fiscalía General de la República (FGR) aceptaron haber tenido reuniones para diseñar la Ley de Reconciliación Nacional que mandata la sentencia, sin embargo según las ONG´S, fue la Presidencia de la República quien negó la realización de tales reuniones.
“Es necesario hacer evidente las contradicciones entre instituciones estatales que están obligadas a cumplir con la sentencia (“¦) En un año, ni Legislativo ni Presidencia han avanzado en diseño de Ley”, dijo Manuel Escalante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” (IDHUCA).
Señalan además que si bien la FGR ha iniciado su cumplimiento, esa institución pone como obstáculo la falta de recursos económicos para tal fin, y que afirma ya hizo haber pedido al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario, algo que según las ONG, Hacienda desmintió.
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Dicen que el Legislativo debía crear una comisión interinstitucional para la discusión y creación de la referida ley, pero aún no se establece dicha comisión que a su juicio, debe tener amplia participación social.
Además lamentaron la ausencia de instituciones clave vinculadas a la justicia y a la reparación de las víctimas como el Ministerio de Defensa Nacional.
“Es clave pues sus archivos pueden determinar qué ocurrió, y por la destrucción de información vinculada al conflicto armado”, expresa Escalante.
Asimismo, se muestran inconformes porque el Órgano Judicial tampoco asistió. Destacan como “clave” el papel del Instituto de Medicina Legal vinculado al este Órgano estatal, sobre todo en la identificación de víctimas en casos de exhumaciones por crímenes de guerra.
Por último, también lamentaron la ausencia de las víctimas y sus familias, pues a su parecer, solo se habló de lo que se ha hecho no de parte de las instituciones del Estado, pero poco o nada sobre los obstáculos antiguos y nuevos para cumplir la sentencia.
“Las víctimas, sus representantes, las organizaciones de derechos humanos, a pesar de la sentencia, estamos viviendo obstáculos específicos y reales, y estos puntos no se abordaron suficiente”, señala Escalante.
La Ley de Amnistía fue derogada el 13 de julio de 2016. En esta primera audiencia se acordó que en seis meses se volvería a evaluar el seguimiento al cumplimiento de la misma.
Entre las organizaciones inconformes están la Asociación Pro-Búsqueda de niñez desaparecida, Comité de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos “Marianela García Díaz”, Fundación, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras.
