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lunes, 25 de octubre del 2021

ONGs exigen no prorrogar la Restricción Temporal de Derechos Constitucionales

La Sala de lo Constitucional ha resuelto que el confinamiento por motivos de salud no deben considerarse sanción o castigo

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Organizaciones no gubernamentales ligadas a derechos humanos y/o al respeto al estado del derecho exigieron a través de una carta enviada al órgano legislativo no prorrogar el decreto 611, el cual contiene la llamada “Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19",a cual suprimió temporalmente tres derechos constitucionales a los salvadoreños: circulación, reunión y no cambiar de domicilio".

La carta publicada el viernes en horas de la noche es debido a que la Asamblea Legislativa se reunirá el domingo en una sesión extraordinaria para debatir si se aprueba o no la referida prórroga de la polémica ley.

El presidente del legislativo, Mario Ponce, anunció este sábado que el Comité de Crisis de la Asamblea, integrado por Junta Directiva y Jefaturas Grupos Parlamentarios, que conoció iniciativas de la Presidencia, sobre sobre prórroga de la Emergencia Nacional y la Restricción Garantías Constitucionales, por la emergencia del COVID-19. Por ello Ponce cita el domingo a las 2 pm a todos los diputados. Y aclara que la ley restrictiva de las garantías constitucionales requiere de 56 votos de los 84 curules que tiene el parlamento.

La carta al legislativo de los organizaciones de la sociedad civil son: la Asociación Azul Originario, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, Agenda Básica para un Pequeño País, Cristosal, Futuro Abierto y Los Siempre Sospechosos de Todo.

Estas organizaciones indican que existen suficientes herramientas para mantener la Cuarentena Nacional, con el decreto legislativo 593 del Estado de Emergencia Nacional y el Código de Salud, al mismo tiempo que exhortan a que se promulgue una reforma para habilitar que la cuarentena pueda hacerse a nivel nacional.

LEA PROPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE EMERGENCIA NACIONAL 

La Sala de lo Constitucional ha resuelto que el confinamiento por motivos de salud no deben considerarse sanción o castigo, y que la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fuerza Armada (FFAA) pueden privar de libertad en forma de confinamiento o internamiento forzoso a quienes incumplan la cuarentena domiciliar.

Los firmantes de la carta indican que el internamiento forzado se limite a las personas contagiadas o expuestas al contagio, y no a todos; exhortan asimismo sanciones administrativas o multas, ya que las responsabilidades penales o civiles exigen un debido proceso judicial.

Lo que dice Celia Medrano de Cristosal

"No se trata de no mantener la emergencia nacional. Pero si se sigue aceptando que a solo palos entienden, se va asentando el método de mano dura contra casi cualquier cosa, incluyendo contra críticos u opositores políticos. Debe tenerse siempre presente los incidentes protagonizados por el Ejecutivo y la FAES el 9 de febrero de este año cuando se pretendió coaccionar a través de fuerza militar al órgano legislativo. Se trata de fortalecer candados institucionales para evitar abusos y prevenir el desarrollo de tendencias autoritarias que implicarían un grave daño a las ya frágiles garantías democráticas en el pais", aseveró a ContraPunto Celia Medrano, destacada activista pro derechos humanos. 

LEA CARTA DE ONGs PARA NO PRORROGAR DECRETO 611 

Y agregó que "nadie está encima de la ley y la institucionalidad. El Ejecutivo exige que se cumplan los decretos y órdenes que emite pero se burla y reta a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional. Si se busca que la población respete y acate a la ley el Ejecutivo debe dar el ejemplo respetando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y acatando sus resoluciones. El no estar de acuerdo con una autoridad no justifica en no obedecerla y el disentimiento debe ejercerse desde las mismas reglas democráticas que son, precisamente, las que operaron en la elección del actual Presidencia de la República".

"En estos momentos son tres las prioridades que deben marcar los pasos de los tres poderes del Estado y Ministerio Público: enfrentar la pandemia; evitar la afectación a las economías más pequeñas y garantizar el Estado de Derecho bajo irrestricto respeto a la Constitución. Ninguna de estas tres prioridades está encima de la otra", finalizó Medrano.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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