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ONG’S en desacuerdo con prórroga de Régimen de Excepción

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Alianza Nacional El Salvador en Paz en compañía de familiares de personas detenidas en Régimen de Excepción se manifiestan frente a la CJS por desacuerdo con la prórroga del Régimen de Excepción

Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz desaprobaron la cuarta prórroga del Régimen de Excepción, aprobada el 19 de julio por la Asamblea Legislativa, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, aseguraron que la medida es inconstitucional, la calificaron como medio de represión para la oposición y que es un medio para ocultar fracasos gubernamentales.

El descontento lo manifestaron en compañía de familiares de personas que han sido arrestadas en el marco del Estado de Excepción, por lo que, también, denunciaron detenciones arbitrarias.

Entre los familiares de las personas arrestadas durante el Régimen de Excepción está la salvadoreña identificada como Noemí, quien asegura que su madre, Dolores Almendares, quien es sindicalista, no pertenece a ninguna estructura delincuencial. 

Por su parte, el representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, aseguró que las denuncias por detenciones arbitrarias a personas, que no tienen relación alguna con estructuras criminales, van en aumento.

El Estado de Excepción es una medida aplicada por el gobierno, desde el pasado 27 de marzo, para combatir las estructuras criminales que operan en el país, luego de tres días de un repunte de homicidios en el que perdieron la vida 87 salvadoreños.

La extensión del Régimen permitirá mantener, hasta el 23 de agosto, la suspensión de los derechos de asociación, inviolabilidad de la correspondencia y defensa ante una detención. Además, extiende el periodo de detención administrativa de 72 horas a 15 días

Ante la aprobación de la cuarta extensión del Estado de Excepción, el abogado, Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) habló sobre las vulneraciones realizadas a personas detenidas de forma arbitraria. Asimismo, dijo que como organización no niegan que es necesario ponerle fin a la violencia en el país, pero que el Estado debe garantizar los Derechos Humanos de los ciudadanos para no someterlos a un proceso injusto. 

“Cuando decimos, mire no se han seguido los parámetros constitucionales para decretar el Régimen de Excepción no es que estemos a favor de la criminalidad, sino que tenemos la preocupación de la afectación de un ciudadano o ciudadana”, aseveró el abogado Héctor Carrillo.

https://www.facebook.com/watch/?v=1190868565098998

Según el abogado, la cuarta prórroga del Régimen de Excepción tendrá consecuencias negativas para el estado de los Derechos Humanos de los salvadoreños, debido a que existen cientos de denuncias por vulneraciones durante el arresto de una persona.

La organización Cristosal hasta el domingo 17 de julio reportaba que había recibido 2,472 casos, “con la denuncia de vulneración de derechos de 2,579 personas”, en su mayoría por capturas arbitrarias.

Durante la discusión de la prórroga del Estado de Excepción en la Asamblea Legislativa, la diputada del FMLN, Marleni Funes, se refirió a las detenciones arbitrarias que denuncian distintas organizaciones no gubernamentales en pro de los Derechos Humanos, asimismo, se refirió al Plan Control Territorial. “Antes de estos 87 homicidios celebrábamos, y hasta yo me alegraba cuándo decían ‘hoy en El Salvador, hay 0 homicidios’; porque cada vida de cada salvadoreño que se salva me causa alegría, y era gracias a qué familia salvadoreña; era gracias al Plan Control Territorial, un éxito, el sello de oro, de garantía, del Gobierno de la República de El Salvador, pero ese sábado y domingo, 26 y 27 de marzo se les cayó la máscara y un Plan Control Territorial cae, carísimo por cierto”. dijo Funes.

También, la parlamentaria se mencionó las declaraciones que brindó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el pasado 8 de julio, donde calificó como “daños colaterales” las denuncias por violaciones a Derechos Humanos en el marco de “la guerra contra las pandillas” que propicia el Estado de Excepción. 

Ulloa, también agregó “si tú haces un examen de proporcionalidad y ves la dimensión de la operación, que son más de 45 mil las personas detenidas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informa que hay 2,673 denuncias, estás viendo que no es ni siquiera el 5 %. Cuando tenés una operación con un 95 % de éxito sin duda la operación es correcta”.

La funcionaria ante las declaraciones del Vicepresidente de la República dijo “Sí de los 47 mil uno está encarcelado de manera injusta, liberenlo, porque esos ‘daños colaterales’, ese margen de error está arruinando vidas, incluso en los medios de comunicación han sacado notas periodísticas donde dicen que altos funcionarios, con una llamada, sacan a los que son detenidos, pero el campesino, la campesina, el joven de una comunidad; porque el problema allí es vivir en una comunidad pobre que ha sido acechada por la delincuencia y que hoy es acechada por la autoridad. La gente le tiene miedo a la autoridad, porque con causa o sin causa por cara de sospechoso a usted se lo llevan detenido”. 

Resultado del Régimen de Excepción

El 19 de julio, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, acudió junto con René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC) al órgano legislativo para entregar la solicitud de prórroga a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, para que esta fuera aprobada en la sesión plenaria N°64.

Durante la entrega de la referida solicitud, el ministro de Justicia y Seguridad detalló que desde la implementación del Estado de Excepción se han capturado a más de 46 mil personas, se ha decomisado cerca de 1,103 armas de fuego; se han incautado 1,314 vehículos; se ha confiscado más $1 millón en efectivo, se han decomisado alrededor de 10 mil dispositivos móviles y 49,105 porciones de droga.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) señaló que el motivo para solicitar la cuarta prórroga del Régimen de Excepción es proteger y garantizar la vida y bienes de los salvadoreños. “Nuestros protocolos de actuación están enfocados en base a la Constitución de la República del Salvador, las leyes secundarias y con el debido respeto a los Derechos Humanos, pero los Derechos Humanos de la población honesta, trabajadora y honrada en esta lucha (…) sabemos que las estructuras criminales le hicieron mucho daño a las familias salvadoreñas (…) le pusieron la carga de la extorsión, de la renta, del robo, del hurto, del asesinato y del miedo (…) la intención del Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y en este caso la solicitud a la honorable Asamblea Legislativa; la única intención es proteger y garantizar la vida y los bienes de las familias salvadoreñas.

Por otro lado, durante el desarrollo de la Sesión plenaria N°64 en la Asamblea Legislativa, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo “yo no sé en qué país viven los que se oponen al Régimen de Excepción, pero por lo menos de mi parte, a dónde yo voy la gente a uno lo felicita, reconoce todo el esfuerzo que se está haciendo, se lo reconocen y dicen ‘los felicitamos por todo lo que están haciendo por este país, ya era hora qué se terminará esto de una vez por todas’. Amigos empresarios le llaman a uno y le dicen ‘ya no estoy pagando $10 mil’, de la mal llamada renta que es una extorsión, como lo hacía mensualmente, pero la explicación que le encuentro a todo esto es que quieren aprovechar la aplicación del Régimen de Excepción como la única posibilidad que tienen como oposición para mostrarle al gobierno una oposición.

Por su parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en su momento, señaló que políticas de seguridad pública, como las de el Régimen de Excepción, tienen que continuar, mientras sea necesario, a fin de desarticular las estructuras criminales. “Los pandilleros, al final de cuentas, son una lacra que deben ser expulsadas de la sociedad”, opinó.

Asimismo, Delgado aseveró que en ningún momento el Régimen de Excepción viola los derechos de los salvadoreños. “En primer lugar, se trata de una suspensión de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales existen, están establecidas en la Constitución; sin embargo, no todas las garantías constitucionales están suspendidas. Únicamente, aquellas que se refieren precisamente, al manejo que éste volumen de personas, relacionadas a organizaciones criminales, que deben de ser presentadas ante los tribunales de justicia”.

Desde el 27 de marzo, que se aplicó el Estado de Excepción en el país, hasta el 20 de julio se reportan más de 47 mil capturas, según datos brindados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

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Michelle López
Michelle López
Reportera de ContraPunto para temas sociales y culturales
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