Norman Quijano: “soy un perseguido político de este gobierno nefasto”

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Los diputados oficialistas expresaron que el desafuero es un acto de justicia ante las personas que han perdido familiares a causa de las pandillas.

El diputado del PARLACEN, Norman Quijano, reaccionó ante el desafuero en su contra que fue aprobado ayer por el bloque oficialista de la Asamblea Legislativa, que habilita el proceso judicial para que sea procesado por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Quijano es acusado de supuestamente negociar que hizo con pandilleros para obtener beneficios electorales en 2014, cuando fue candidato a presidente de la República y que fue derrotado finalmente por el efemelenista, Salvador Sánchez Cerén.

Por lo tanto, sostuvo que buscará el auxilio de autoridades competentes internacionales, para poder afrontar esta situación que a su juicio es ilegal, ya que la única institución que puede quitarle la inmunidad política es el mismo PARLACEN.

“Recurriré a las instancias Internacionales pertinentes para hacer valer mis derechos, ya que en mi Patria, con el régimen actual, no hay garantía de justicia para los que defendemos la República y sus instituciones democráticas…”, declaró el diputado.

Quijano reiteró que “soy un perseguido político de este gobierno nefasto”.

“Hoy se ha consumado un atropello más a mis derechos fundamentales como ciudadano. Lo han intentado de todas formas, atropellando Constitución y demás leyes de la República”, denunció.

Quijano señaló específicamente que los diputados oficialistas han transgredido el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que en el artículo 22 del Capítulo Segundo establece las Inmunidades y privilegios de los diputados Centro Americanos y que reza: “El Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de los diputados”.

El legislador recordó que el mismo asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, expresó el el 29 de octubre en Telecorporación Salvadoreña, que iniciarían el “trámite de desafuero a través de Cancillería.

También citó que el funcionario expresó que “los delitos que se le imputan (a Quijano) los cometió siendo diputado”, pero en el 2014, cuando sucedieron los hechos en los que se le involucra, era Alcalde de San Salvador, con solicitud de permiso por la campaña. “¡Vaya Secretario Jurídico!”.

El proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.

Según el requerimiento fiscal, Quijano -quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras- y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con miembros de estructuras delincuenciales en que ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.

En esos comicios, Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el periodo 2014-2019, y el candidato del FMLN era Salvador Sánchez Cerén, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de actos de corrupción en su Gobierno.

La acusación fiscal señala que una de las reuniones de Quijano con las pandillas fue en la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta, Quijano había obtenido al menos 500,000 votos menos en comparación con Sánchez Cerén.

El expediente fiscal establece que además de los $100,000 millones, también se consensuó con las pandillas el nombramiento de Facundo Guardo -excomandante guerrillero- como ministro de Justicia y Seguridad Pública en el eventual Gobierno de Quijano.

También el negociador de la tregua entre pandillas y columnista de El Diario de Hoy, Paolo Lüers entregó -con el aval del COENA- $100,000 a tres cabecillas de pandillas, dividido así: $50,000 para la Mara Salvatrucha, $25,000 para la pandilla 18 revolucionaria y $25,000 a la pandilla 18 sureños.

El dictamen establece que «se ha llegado a la firme convicción» que Quijano incurrió en el cometimiento de ilícitos penales en la negociación con las pandillas; y también se mencionan al negociador de la tregua entre pandillas, Paolo Lüers; el diputado de ARENA, Ernesto Angulo Milla y el pastor Nelson Valdez.

“Norman Quijano, incluso, negoció con las pandillas el nombre del próximo Ministro de Seguridad, atendiendo las necesidades de las pandillas y discutiendo las políticas públicas con ellas”, recordó por su parte la diputada Rebeca Santos.

Los diputados oficialistas expresaron que el desafuero es un acto de justicia ante las personas que han perdido familiares a causa de las pandillas.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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