Por Redacción ContraPunto
San Salvador, 26 de enero de 2026 — Este lunes, el expresidente de la Asamblea Legislativa y ex candidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano, fue deportado desde los Estados Unidos hacia El Salvador, donde enfrentará formalmente la condena por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral dictada por los tribunales salvadoreños.
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que Quijano llegó al país esta tarde, descendiendo del avión escoltado por autoridades, y que este mismo día será notificado oficialmente de su sentencia. El mandatario también destacó el apoyo de Estados Unidos para hacer efectiva la deportación del exdirigente político.
Detención y proceso en Estados Unidos
De acuerdo con registros oficiales, Quijano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) el 6 de marzo de 2025 y trasladado al Port Isabel Service Detention Center en Texas, donde permaneció bajo custodia migratoria mientras se tramitaba su deportación hacia El Salvador.
Durante su tiempo en detención migratoria, Quijano presentó una solicitud de asilo político ante las autoridades estadounidenses, alegando que enfrentaría amenazas o perjuicio personal si regresaba al país centroamericano. Sin embargo, ese recurso no impidió que se ejecutara su deportación en enero de 2026.
Antecedentes judiciales en El Salvador
El proceso judicial contra Quijano inició oficialmente el 3 de noviembre de 2021 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante la Asamblea Legislativa el retiro de su protección constitucional para poder ser juzgado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral.
La Asamblea aprobó el desafuero el 18 de diciembre de 2021, lo que permitió avanzar en el proceso judicial. Posteriormente, en octubre de 2022, la FGR presentó la acusación formal en su contra.
Según las investigaciones fiscales, Quijano habría coordinado reuniones con líderes de pandillas durante la campaña presidencial de 2014, ofreciendo beneficios políticos a cambio de apoyo electoral en la segunda vuelta de aquella contienda — cargos que él ha negado a través de su defensa.
La prueba fiscal y condena
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal declaró a Norman Quijano culpable y lo condenó a 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral, en un proceso que se desarrolló en su ausencia conforme a las reformas del Código Procesal Penal.
La Fiscalía presentó diversos elementos probatorios que, según el ministerio público, acreditan la participación del exdiputado en negociaciones con estructuras criminales. Entre las pruebas aportadas estuvieron testimonios anticipados, documentación, audios y videos, así como otros registros que, según las autoridades, demuestran ofertas de beneficios en nombre del excandidato a cambio de apoyo político.
La defensa de Quijano, encabezada por su abogado, apeló la sentencia ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el proceso careció de debida acreditación y que existen vicios legales en el desafuero y en la valoración probatoria.
Llegada y siguiente paso
A su llegada a El Salvador este lunes, Quijano fue recibido por la Policía Nacional Civil (PNC), y las autoridades judiciales notificaron formalmente la condena que deberá cumplir en un centro penitenciario nacional.
El Gobierno salvadoreño ha resaltado la cooperación con las autoridades de los Estados Unidos para hacer efectiva la deportación del condenado, subrayando la gestión diplomática que permitió revertir años de trámite migratorio y ejecutar la sentencia dictada en El Salvador.
Créditos a la gestión oficial
El presidente Nayib Bukele y su administración han sido enfáticos en agradecer la colaboración internacional, especialmente de Estados Unidos, para lograr que Quijano enfrentara la justicia salvadoreña tras esquivar durante años su proceso judicial. La deportación del exdiputado marca un hito en la aplicación del estado de derecho en casos de alta relevancia política y judicial en El Salvador.
