Ya nunca más una prueba obtenida bajo tortura será válida en México. En términos legales se pone fin a una acción aberrante, pero muy frecuente en el sistema de impartición de justicia en el país. Una y otra vez los organismos internacionales condenaban a México por esta práctica. Esperamos que de verdad sea erradicada para siempre.
El 19 de abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es un hecho histórico. Se pone fin a una época vergonzosa del sistema de impartición de justicia.
En el Senado se originó la propuesta a partir de una iniciativa del presidente de la República. En la Cámara de Diputados se hicieron modificaciones muy pertinentes y ahora ha vuelto al Senado para su aprobación definitiva. Se espera que después de haber sido votada por unanimidad, los senadores ya no hagan ninguna modificación y la ley pueda ser publicada lo más pronto posible.
La nueva ley incorpora las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y así el país pone fin a un reclamo internacional que desde hace décadas le exigía a México que combatiera en sus leyes la tortura como instrumento de investigación y prueba en los procesos judiciales. Ese día llegó.
“La ley es general e integral, es decir, será de obligatoria observancia para las autoridades de los tres órdenes de gobierno; cubre la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, así como la reparación de víctimas. Asimismo, prevé que la investigación y persecución de la tortura serán imprescriptibles”, afirma el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Ahora hay una ruta para dejar atrás años de violencia sistemática de los derechos humanos por parte de las autoridades. A partir de esta ley los tres órdenes de gobierno reciben un mensaje claro: en México no hay cabida a la tortura. Después de la aprobación del Senado y del diseño y aprobación de las leyes reglamentarias, se requiere que se pongan en operación todos los mecanismos necesarios para poder prevenir, sancionar y eliminar para siempre el delito de la tortura.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México felicitó a la Cámara de Diputados por haber sacado adelante la ley y destacó que esta aprobación sitúa a México en la ruta de reconocer, respetar y validar los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se unió a las felicitaciones. Hay conciencia de que la ley cumple con los más altos estándares internacionales. ¿La haremos realmente valer?
