Por Wilmar Harley Castillo Amorocho.
La revista Semana (RS) fue protagonista una vez más en los acontecimientos colombianos, pero no por algún titular anti-izquierda o contra el gobierno nacional de Petro-Francia, sino por la protesta indígena que hubo en la entrada de su sede en la Av. Carrera 11 77A-65 de la ciudad de Bogotá. El grupo indígena organizado en la Asociación de Autoridades del Suroccidente Colombiano -AISO-, tomó por sorpresa al medio, al país y al mundo con sus consignas “abajo la mala información de Semana”, “abajo los medios que le sirven al establecimiento de este país, y no a la verdad”; poniendo de nuevo el debate sobre la “libertad de expresión” y el papel de los medios de comunicación, las empresas privadas de comunicación (EPC) nacionales e internacionales y referentes de opinión en la conflictiva realidad nacional colombiana. (1)
Los intereses que representa la RS son los del grupo Gilinski (2), miembros de la clase rica nacional. Por ende, el trabajo de esta revista es el de legitimar el orden de cosas donde la gente como Gilinski tiene privilegios a costa de la vida de la población empobrecida. Así es como el relato que RS impone es claramente elitista y anti-popular (incluyendo en sus blancos al actual gobierno del Pacto Histórico). La afectación directa en este caso recae en las comunidades y sus expresiones de sociedad alternativa, entre ellas, las del pueblo indígena.
Lo que importa en este artículo es el abordaje de la discusión de “libertad de expresión” en una sociedad plutocrática, desde el ángulo de la protesta social dirigida contra una EPC. Ni ataque ni agresión, ni nada parecido, lo que vimos en las redes sociales fue una protesta legítima de una parte del pueblo indígena colombiano contra una matriz e infraestructura mediática dedicada a destruir e invisibilizar el tejido social, la fuerza social y apuestas políticas alternativas al capitalismo de los sectores populares. Más allá de unos vidrios rotos, la obstrucción de la entrada y la alteración momentánea de la rutina de RS, se evidenció que las EPC si son un actor de la sociedad con postura política, intereses y anti-valores, desplegados en sus contenidos y formas de abordar la realidad.
En términos leguleyos y burgueses de los derechos humanos presenciamos el choque entre el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión que gastaría mucha saliva y páginas, sin una solución eficaz al desequilibrio político-económico y social que sustenta las condiciones de vida de ambos actores confrontados. En ese plano normativo, este episodio sería un acontecimiento efímero en las redes sociales y un tema de discusión en juzgados y salones de clase de Derecho.
Cosa contraria que ocurre si se aborda desde un enfoque popular de los derechos humanos. Aquí se demuestra la falsedad que rodea y sostiene la “libertad de expresión” porque esta tiene validez exclusivamente cuando hay una infraestructura económica capaz de pagar los gastos de sostenimiento de una EPC y pueda dedicarse a des-informar, le permita pagar abogados que la defiendan en caso de ser demandada y además le permita tener un cubrimiento nacional y/o internacional.
Otro aspecto revelado desde nuestro enfoque popular de los derechos colectivos, es el reconocimiento de que la comunicación social no es exclusiva de EPC o de sus referentes de opinión, sino que las prácticas y actores también son emisores-receptores (EMIRECS) que, al mismo tiempo, interpretan lo que comunica el territorio y la sociedad. ¿Qué nos dijo la protesta en RS? Este artículo quedaría corto al aguacero de ideas y apuestas integradas en esta acción directa colectiva, pero lo que sí podría mencionar es el carácter integral de los mensajes desplegados al incluir sentidos/vínculos (3), denuncias, propuesta política de paz-sociedad y una postura sobre cómo construir la verdad, solo por mencionar algunos.
En los cambios históricos vividos actualmente, están los relacionados con la forma de entender y vivir en el mundo, de entender y vivir en un Estado-moderno y bajo un gobierno progresista (para el caso de Nuestra América). El ejercicio de replantear el modelo estatal impuesto por Europa (desde el siglo XVII), también se empieza a llevar a la forma de actuar de ciertos actores de la sociedad que antes eran intocables, como ocurre con las EPC; pareciera que se materializaran las críticas a estos aparatos ideológicos provenientes del siglo pasado (Antonio Gramsci), sumándole formas emergentes de comprender y desarrollar la comunicación cocinadas al interior de las comunidades históricamente ninguneadas y atacadas por las EPC y manipuladas por las empresas estatales de comunicación.
Tal vez la postura expuesta en este artículo trasnoche a más de uno y una pacifista que no cree que la historia se sostiene sobre conflictos y por el contrario se desviven por crear consensos sociales entre quienes mueren de hambre y aquellos que vacacionan en islas privadas. Pero la injusticia agota, no hay cuerpos que la resistan por siempre y menos cuando las EPC están martillando todos los días que el hambre o la pobreza son mentales.
Notas:
1- https://www.colombiainforma.info/protesta-indigena-pone-en-el-debate-la-libertad-de-prensa/
2- https://colombia.as.com/colombia/2021/12/04/actualidad/1638653393_041404.html
3- https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7320757.pdf
