Es el crimen organizado en complicidad con la autoridad pública
Un pequeño terreno vacío en Quezaltenango, propiedad de la Inmobiliaria Chetumal S.A., fue invadido por personas a las que esta empresa considera miembros del crimen organizado. El 28 de noviembre de 2016, un Juzgado de Primera Instancia ordenó la evacuación de los invasores. Y el 23 de noviembre de 2017, una Corte de Apelaciones declaró sin lugar la apelación de aquéllos y confirmó la sentencia. El 11 de septiembre de 2018, el juez correspondiente realizó, con ayuda de la PNC, la evacuación de los invasores y entregó el terreno a la empresa propietaria, además de capturar a quienes se resistían a la acción legal. El 1 de noviembre de 2018, los cacos invadieron de nuevo el inmueble, armados de palos, botes con gasolina y pistolas. Los guardias dispararon al aire con balas de goma, pero los más o menos 75 invasores respondieron el fuego con balas de plomo, ante lo cual los guardias huyeron para no ser quemados. El parte policial indicó que las armas de los invasores eran de calibre 9mm.
El 14 de noviembre se procedió a un nuevo desalojo, pero esta vez la propiedad tenía un portón de metal con llave en su entrada, el cual fue abierto por un cerrajero para que ingresaran 15 agentes policiales. En ese momento, unas 80 personas rodearon a los policías y los sacaron del lugar. Los invasores portaban radios mediante los cuales coordinaban su operativo. De entonces en adelante, las gestiones legales fueron inútiles, pues se evidenció, según la inmobiliaria, que las autoridades estaban coludidas con los invasores, ante lo cual presentó querella en la Corte Suprema de Justicia, la cual respondió que el juez del caso se había extralimitado en sus funciones, hecho que confirmó que es el crimen organizado el que realiza estas usurpaciones a la pequeña propiedad privada, pues la Municipalidad de Quezaltenango posee un inmueble adyacente en la misma situación y nadie hace nada.
Esta modalidad de usurpación de propiedades urbanas por parte del delito organizado y las autoridades judiciales y policiales corruptas, se está expandiendo. No se trata aquí de defender la propiedad privada como valor sagrado del capitalismo, sino de atajar la versión que de estos hechos ilegales empieza a surgir en las redes sociales. Según esta versión espuria, las invasiones las realiza CODECA, y para reforzar esto se alega que además de invadir fincas y robar energía eléctrica –extremos que no han sido probados legalmente ni una sola vez–, ahora usurpa la pequeña propiedad urbana. Con esto se busca asustar a las capas medias con el viejo fantasma del “comunismo”. Pero es obvio que no es CODECA quien roba terrenos. Son los usuales grupos paraoligárquicos del crimen organizado junto a autoridades públicas corruptas. Y esto lo prueba de sobra el caso aquí descrito.
