El pasado 9 de agosto, la Sala de lo Constitucional admitió a trámite las dos demandas que promovieron decenas de ciudadanos, quienes buscan convertir el matrimonio igualitario en una herramienta legal. Esta discusión es todavía un punto sensible para la población salvadoreña, donde un porcentaje significativo de personas reprueba estas uniones por motivos religiosos.
Son dos procesos de inconstitucionalidad: el 184/2016 y el 149/2016. Están acumulados y se estudiarán como parte del mismo proceso.
Un grupo de 20 organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron a propósito de la admisión de esta demanda. “El Salvador no puede continuar teniendo divisiones como si existiesen ciudadanos de primera y segunda categoría, no dividamos a la población”, exhortan estas organizaciones en su comunicado.
La Sala de lo Constitucional dio un plazo de 10 días a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Asamblea Legislativa para que aporten con su opinión al estudio de las demandas. El plazo está por cumplirse para las dos entidades.
Ya la Asamblea Legislativa intentó modificar la Constitución para obligar a que el matrimonio civil sea legal únicamente cuando se celebra entre un hombre y una mujer, identificados así en ocasión de su nacimiento (o “así nacidos”). Pero fue la misma Sala de lo Constitucional la que detuvo la ratificación de esa reforma, en enero de 2018.
Pero además, queda pendiente resolver sobre los dos artículos del Código de Familia que también representan un obstáculo para que la población LGBTQ+ pueda participar de los beneficios y la protección que provee el Estado a las parejas en unión legal. En las demandas, los ciudadanos piden que los artículos los artículos 11, 14 -ordinal sexto-, 90 -causal tercero- y 118, todos del Código de Familia sean reformados, “no para eliminarlos, sino, para incluir”, explicó Hernán Duarte. Al consultar el texto de las demandas, se puede observar que sí se pide la inconstitucionalidad en algunos artículos, pero lo que buscan los representantes de estos colectivos es ser incluidos y poder legalizar sus uniones.
“Las parejas gay, lesbianas y trans compartimos valores similares a las parejas heterosexuales, como la importancia de la familia, el ayudar a nuestros vecinos, pagar nuestras cuentas, asegurar nuestro trabajo y algunos tenemos sueños de encontrar a alguien con quien envejecer juntos como pareja”; destacan también las organizaciones.
En este sentido, los defensores de derechos hicieron una serie de llamados a las instituciones que tienen responsabilidad en protegerlos. A la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que emita su opinión en apego a los principios de igualdad y dignidad establecidos en la Constitución, además de considerar la opinión consultiva vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que recomendó al Estado salvadoreño a legalizar el matrimonio igualitario.
De igual manera, invitaron a la Asamblea Legislativa a que envíe sus comentarios “con el mismo espíritu reformista” con el que se aprobó la penalización por crímenes de odio. También les recordaron que tienen muchas deudas con este colectivo, como la Ley de Identidad de Género, prohibir la discriminación laboral por la orientación sexual y la expresión de género, entre otros.
A los magistrados de la Sala de lo Constitucional piden resolver a favor de las demandas, pues existen disposiciones legales nacionales e internacionales que pueden servir de base para proceder de esta manera.
Como conclusión, los activistas expresaron a “la sociedad en general” que es necesario permitir a cada persona desarrollarse con todo su potencial. “El hecho que alguien tenga los mismos derechos no significa que se pierden los derechos del otro. Igualdad no es privilegio”, consignaron.
El Salvador es uno de los paises que no permite el matrimonio igualitario. Estados Unidos, México, Bolivia, entre otros, sí lo permiten.
