Integrantes de la Comisión Especial para investigar los hechos señalados por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, en contra de ARENA y el FMLN que los acusó a ambos partidos de ser los responsables del alza de los homicidios el viernes 20 de septiembre pasado, así como sus repercusiones en otras áreas que competen a la seguridad pública del país, dieron por recibida la propuesta de informe técnico, en el cual no se descarta sugerir al Ejecutivo la destitución del funcionario en cuestión.
El documento técnico propuesto contiene 28 páginas, el cual tras la revisión por parte de los grupos parlamentarios, será analizado por los diputados que la integran y luego sería presentado al Pleno Legislativo para consideración de los 84 diputados.
“Vamos a dejar ocho días para el estudio del informe que nos presenta el equipo técnico de la comisión, ver cuáles son las posibilidades que tenemos para robustecer el informe con las informaciones que tenemos, ya que sabemos que varios funcionarios públicos ofertaron mandar al seno de la comisión informes respectivos en material y no los han enviado, incumplieron […]; el (director del Organismo de Inteligencia del Estado, (OIE), Peter Dumas incumplió al no venir al seno de la comisión; al no obtener esos informes, eso tiene que ir reflejado; todo eso falta que lo analicemos como grupos parlamentarios”, expresó el presidente de esa instancia legislativa, diputado Jorge Mazariego del (PDC).
Apegados a lo que mandata la Constitución de la República y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), el pasado jueves, la mayoría de grupos parlamentarios, excepto el FMLN, acordaron cerrar esa instancia parlamentaria que desde un inicio se propuso escuchar a los funcionarios que están trabajando en el plan de seguridad nacional, a fin de indagar respecto a los hechos señalados por Marroquín.
Por ello, bajo juramento y bajo palabra de honor, los directores del Instituto de Medicina Legal, Pedro Martínez (interino) y de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el 22 de octubre anterior, quienes descartaron la vinculación de fuerzas políticas con el alza de homicidios ocurridos en la fecha antes mencionada. El viernes pasado (25 de octubre) también concurrió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, quien señaló que “hay indicios e información de inteligencia” sobre esos señalamientos que investiga esta instancia del Legislativo.
Tras lo dicho por el titular de Justicia y Seguridad, declaró el director ad honorem de Centros Penales, Osiris Luna Meza; para ese día también se citó a Dumas, quien como ya se explicó anteriormente no compareció. Por último, el pasado 29 de este mes, acudió el titular del Ministerio de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, quien se limitó a argumentar que esa cartera de Estado no está facultada para hacer investigaciones en el caso específico de los asesinatos ocurridos en la fecha antes mencionada.
Del contenido y aviso a la Fiscalía por el posible delito de “omisión de aviso”
Por su parte, el diputado Raúl Beltrán del (PCN), relator de la Comisión Especial, agregó que el informe contiene "los testimonios que ustedes conocieron de manera pública; incluso, al final, la propuesta es que se tenga por entendido el artículo 132 de la Constitución, que nadie está por encima de la Carta Magna, el artículo 132 obliga, dice: todo funcionario público debe comparecer; nadie, absolutamente nadie en este país, puede estar sobre la ley […]; lo va a decidir la comisión si va un recomendable al presidente (de la República) o va a la Fiscalía, o si va en las dos vías”. Al consultarle en qué sentido iría el recomendable para el Ejecutivo, el parlamentario respondió: “Sería pedir la destitución del funcionario (Marroquín)”.
Asimismo, en las conclusiones contenidas en la propuesta de informe final contenida en un borrador, la comisión, ante las declaraciones del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, decretó emitir aviso a la Fiscalía General de la República, a fin de que se ejerza la acción penal pública por el posible delito de omisión de aviso, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 312 del Código Penal en perjuicio de la Administración Pública, en contra del referido funcionario.
Además, se concluye, tras analizar las opiniones de los declarantes, que “no existen vínculos de actores políticos pertenecientes a dos partidos legalmente constituidos en el alza de homicidios acaecidos el día veinte de septiembre del presente año”.
La Comisión Especial fue creada el pasado 3 de octubre, con los votos de diputados de los grupos parlamentarios ARENA, FMLN, PCN y PDC; la misma quedó integrada por los diputados: Jorge Mazariego (PDC), presidente; Mauricio Vargas (ARENA), secretario; Raúl Beltrán Bonilla (PCN), relator; Carlos Ruiz (FMLN), vocal; así como por los suplentes, diputados Ricardo Velásquez Parker (ARENA) y Javier Valdez (FMLN).
Los parlamentarios impulsaron esta iniciativa luego de que en sesión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, previa convocatoria, se recibió al director de Tejido Social para aclarar sobre algunas acusaciones que hiciera en los medios de comunicación días atrás en contra de algunos partidos políticos, pero Marroquín no presentó pruebas de sus señalamientos.
