Un total de ocho países, entre los que figuran Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han alertado sobre la situación de Nicaragua, país que vive una “situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas”.
En una declaración conjunta, firmada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, estas naciones han explicado que la situación antes descrita se evidencia en la “detención, el acoso y las restricciones arbitrarias” que afectan “considerablemente” a la participación política y el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
En este sentido, han rechazado la “intimidación y amenaza” a los miembros de la oposición, la prensa y los defensores de los Derechos Humanos, así como las “prácticas restrictivas” de participación política. Así, han pedido la “liberación inmediata” y la “restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin el debido proceso, de acuerdo a los estándares internacionales y el “cese inmediato” del “hostigamiento” a estos grupos.
También, piden al Gobierno de Nicaragua que garantice “plenamente” el “disfrute de la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a la participación política”, todos ellos “esenciales” durante el proceso electoral, para permitir comicios libres, transparentes, justos y con observadores internacionales.
En referencia a las elecciones, estos países han reiterado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nicaragüense “no reúnen las condiciones necesarias” para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que “pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente”.
Por lo tanto, han exhortado al Estado de Nicaragua a implantar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables para lograr unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, tal y como los nicaragüenses “merecen”.
En particular aluden a la reforma electoral aprobada en mayo de 2021, que “no atiende a las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardas para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales”.
En este sentido también han pedido a la comunidad internacional impulsar la observación del proceso electoral de una forma “imparcial” para permitir la participación de todos los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación que han sido objeto de restricciones.
“Instamos a Nicaragua a comprometerse con la comunidad internacional y a aprovechar la asistencia técnica multilateral y regional, para así ayudar a restablecer el diálogo y renovar la confianza en la democracia”, han concluido.
