Durante la última semana, Óscar Martínez y su pequeña hija Valeria, que fallecieron al intentar llegar a Estados Unidos para solicitar asilo en ese país, se han convertido en símbolo mundial de la política inhumana de la administración Trump. Si bien es cierto esta administración es culpable de la tragedia de esta familia salvadoreña, no podemos dejar de insistir en que este es el resultado de una serie de fallas por parte de los países de la región.
En primer instancia, a Oscar y Valeria les falló el Estado de El Salvador por no garantizar condiciones que les permitieran alcanzar una vida digna en su país. Les fallaron los seis gobiernos de los últimas tres décadas que no generaron las condiciones para evitar que personas como Óscar y Valeria sigan huyendo en búsqueda de protección y oportunidades. Les ha fallado, incluso, el actual gobierno -que asumió hace un mes- por su postura tibia ante los constantes abusos de la administración Trump a las personas migrantes y solicitantes de asilo, y por la vergonzosa revictimización a la que expuso a su familia luego de la tragedia. El domingo 30, Bukele aceptó el error de su gobierno en el tratamiento mediático sobre el caso de Óscar y Valeria, y asumió la responsabilidad del país en esta tragedia.
También les falló el gobierno de Estados Unidos por tener su frontera militarizada y colapsada por recibir las solicitudes de asilo a cuentagotas. Las constantes medidas que han erosionado al derecho a solicitar asilo los obligó a cruzar el río Bravo en condiciones inseguras. Así, la muerte de Óscar y Valeria simboliza el fracaso de los planes de contención de la migración impuestos en la región, que por décadas se ha evidenciado que es un modelo fallido que ha traído consigo gran sufrimiento humano.
La falta de sensibilidad en los países de origen, particularmente de Centroamérica es lamentable. La misma indiferencia de El Salvador ha mostrado Honduras, y Guatemala, este último el país de origen de cinco menores fallecidos en custodia de EE. UU. El papel de Guatemala también es lamentable debido a que ha accedido a negociar con EE. UU. un acuerdo de “Tercer País Seguro”. Si el gobierno guatemalteco aspira a tener una nación que pueda recibir a solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras, y de demás países que utilizan la ruta migratoria Centroamérica-México para llegar a EE. UU., debe superar muchos retos, ha dicho el representante de la región de ACNUR Giovanni Filippo Bassu.
También es inaceptable la falta de sensibilidad del gobierno mexicano frente a las necesidades de las personas migrantes- incluyendo centroamericanas, caribeñas y africanas- que permanecen hacinadas en centros de detención e instalaciones provisionales a la espera de una respuesta oficial para seguir su camino al norte. Las súplicas de una mujer haitiana detenida en Tapachula pidiendo comida, agua y atención para su hijo, pone nuevamente en evidencia que la política migratoria que ha implementado México también es inhumana.
Por otro lado, también es vergonzoso que el gobierno de López Obrador en México siga permitiendo que México sea el primer muro que deben sobrepasar las personas que buscan protección. En los últimos días, 15 mil soldados de la Guardia Nacional han desplegados en frontera norte con el fin de detener y poner a disposición del Instituto Nacional de Migración a las personas extranjeras que buscan salir de territorio mexicano y llegar a EE. UU. Estas acciones generaron una discusión nacional y regional en torno al rol de las autoridades mexicanas frente a la migración.
Las consecuencias de la militarización también han tocado a las organizaciones que asisten a personas migrantes. El 25 de junio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron un hecho gravísimo contra la integridad del personal del Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, y de las personas extranjeras que ahí se encontraban. Miembros de la Guardia Nacional se presentaron al lugar exigiendo la entrada, sin presentar una orden escrita que la Ley de Migración requiere. Los agentes pusieron en duda la labor humanitaria que la Casa realiza y grabaron a una de las colaboradoras. La intimidación a las personas defensoras de derechos humanos no debe ser parte de los actos de autoridad de quienes aducen estar para la labor de rescates de migrantes.
Con este enfoque errado que están aplicando los países de la región, lamentablemente continuaremos viendo más tragedias como las de Óscar y Valeria. Alianza Americas, como parte de una sociedad civil transnacional, seguirá abogando por enfoques de políticas que prioricen la protección de los derechos humanos, y denunciando acciones que llevan a resultados trágicos e irreparables.
