El Informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) sobre las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero incluyó importantes recomendaciones sobre el periodismo y los medios de comunicación del país, que pasaron desapercibidas en el debate público. Dada su pertinencia, y con el propósito de contribuir a la relevante y necesaria discusión sobre la democracia deliberativa, decidí rescatarlas en este artículo.
La primera recomendación, planteada en el apartado sobre “Medios de comunicación y elecciones”, en las páginas 18-23 del Informe, es “Fortalecer el marco jurídico regulando el periodismo y los medios de comunicación, incluyendo disposiciones sobre el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación y sobre objetividad e imparcialidad en la cobertura mediática de los procesos electorales”.
El informe anota que la cobertura mediática de las elecciones está regulada por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos; pero que “ninguna de estas leyes incluye disposiciones sobre imparcialidad y objetividad por parte de los medios al cubrir procesos electorales, ni existe una disposición sobre el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios”. La MOE-UE propone una “Ley de Prensa” (Pág. 20).
La segunda es “Desvincular los medios estatales del control directo del gobierno y convertirlos en medios que desempeñen un verdadero servicio público con independencia editorial”. La MOE-UE observa que “los medios estatales en El Salvador han sido tradicionalmente voz del gobierno y un instrumento para promover los proyectos del Ejecutivo”, y que su cobertura de las elecciones presidenciales 2019 “fue abiertamente sesgada a favor del partido y candidato gobernante”.
El informe sugiere retomar el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos, presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2013 (Págs. 19-21).
La tercera es “Fortalecer los mecanismos de verificación de hechos y noticias, así como la capacidad de controlar la desinformación, a fin de minimizar la difusión de noticias falsas y las campañas de difamación”. El informe critica que “en internet, un gran número de páginas web con apariencia de medios digitales difundieron noticias falsas y desarrollaron campañas de difamación” (Pág. 21).
Y la cuarta recomendación es “Minimizar la concentración de los medios de comunicación mediante la asignación de licencias y radiofrecuencias específicas a las emisoras de radio comunitarias”. La MOE-UE señala que “un total de 18 radios comunitarias siguen transmitiendo bajo un misma frecuencia, a pesar de que en 2016 una enmienda a la Ley de Telecomunicaciones reconoció por primera veza a los medios comunitarios y eliminó la subasta pública como único instrumento para la asignación de frecuencias de radio y televisión” (Pág. 19).
Estas recomendaciones son totalmente acertadas y oportunas. La primera y la tercera se refieren a las coberturas periodísticas y contenidos mediáticos, la segunda aborda la independencia y pluralidad de los medios, y la cuarta tiene que ver con el fortalecimiento de los medios comunitarios que han sido excluidos históricamente.
Todas coinciden con algunas críticas y propuestas que hemos venido planteando desde ARPAS y la Red por el Derecho a la Comunicación. Ojalá, ahora que las propone la Unión Europea, fueran tomadas en cuenta por quienes las miran con prejuicios o desconfianza cuando se plantean desde los medios comunitarios y organizaciones que promueven el derecho a la comunicación y la democratización de los medios.
Ojalá. Porque el país necesita un periodismo más decente, ético y ejercido desde los intereses de la gente, como planteaba Ryszard Kapuscinski; y esto sólo es posible en un sistema de medios de comunicación (privados, públicos y comunitarios) realmente plural y democrático que garantice la mayor diversidad de voces.
*El autor es periodista y activista. Director ejecutivo de ARPAS y miembro de la ReDCo.
