“Es que aquí el Gobierno no está comprando las casas, quienes están comprando las casas son los beneficiarios, los afectados, ellos compran su casa”, aclaró la ministra de Vivienda, Michelle Sol, al ser cuestionada que si se hizo un proceso de licitación en la adquisición de las 252 soluciones habitacionales para los damnificados por las tormentas registrada este año.
Sol salió al paso, debido a que fue cuestionada si el proceso de elección de la residencial Marsella de San Juan Opico, La Libertad, no fue sometido a licitación, como lo establece las normativas institucionales.
Por lo que reiteró que no las compró el Gobierno y por tanto no estaban obligados a someter el negocio a concurso.
"En ningún momento teníamos que hacer licitación. Nosotros le damos el beneficio a ellos, a la familia, y ellos deciden", argumentó.
Más tarde, en Twitter, Sol dijo que el Gobierno emitió cheques que entregó a la constructora a nombre de los beneficiados.
Según Sol, 174 viviendas fueron compradas por familias de la comunidad Nuevo Israel y 78 por familias afectadas por el deslave en Nejapa. La funcionaria no reveló detalles de montos.
"Nosotros pasamos por un proceso de buscar diferentes opciones para que ellos buscaran la mejor, y finalmente escogieron esta y nos sentimos contentos", dijo la ministra.
Agregó que como parte del proceso se les llevó el Fondo móvil, un programa del Fondo Social para la Vivienda (FSV), institución que da préstamos para la compra de casas.
"Finalmente se encontró este proyecto y ya estamos en el proceso de traslado", mencionó.
Por otro lado, agregó que se va a comenzar la demolición de las viviendas de las zonas de alto riesgo de donde provienen los damnificados y se realizarán obras de mitigación.
También mencionó que los terrenos donde se construirían en principio las casas quedaron adquiridos, pero se fueron por la otra opción porque "lo que sucede es que el presidente (Nayib Bukele) quería una respuesta inmediata".
Por otra parte, dijo que continúan con la construcción de módulos para las familias de la comunidad El Espino que fueron desalojadas tras un proceso judicial iniciado por los dueños de los terrenos en que habitaban.
De este proyecto sí dio cifras y dijo que cada apartamento cuesta aproximadamente $30 mil y que las familias pagarán cuotas mensuales por los materiales para construir las viviendas.
Mencionó que en 63 apartamentos construidos se han invertido más de $2 millones.
