Las víctimas de la guerra siguen esperando reparación y justicia por los crímenes cometidos en los ochenta. Pero todo indica que las Fuerzas Armadas siguen actuando a sus anchas y no contribuyen al proceso. “Los actos de desafío institucional relativos al acceso a los archivos militares y los honores otorgados a perpetradores (de crímenes de guerra), ponen en duda la subordinación del poder militar al poder civil”, dijo Fabián Salvioli, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Así que 27 años después, y luego de haber hecho efectiva la alternancia en el poder, no se ha honrado la deuda con los que pusieron los muertos, los desaparecidos y el trauma durante la guerra. Más bien, los dirigentes del Ejército se rehúsan a facilitar la información que las autoridades ya les han exigido y hasta han conseguido instalar homenajes a personajes acusados de cometer, u ordenar la ejecución de, crímenes de guerra. “En gran medida, las lagunas y retrasos en justicia transicional se deben a una falta de política de Estado en la materia”, dijo Salvioli, durante su intervención.
Las observaciones generales que compartió Salvioli son el resultado de una vista que hizo desde el 23 de abril al 03 de mayo.
“Un obstáculo efectivo en la búsqueda de la verdad está dado por la imposibilidad de acceder a los archivos militares del periodo del conflicto armado”, señaló Salvioli. En 2014, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al Ministerio de Defensa recuperar los archivos de operativos militares ejecutados durante los años de la guerra. El IAIP tiene esta facultad cuando la institución declara que la información solicitada no existe, o ha sido destruida. Pero el Ministerio de Defensa intentó eludir esta responsabilidad y llevó la resolución a la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Corte Suprema de Justicia. Luego, en 2016, mientras se desarrollaba el juicio de El Mozote, el juez Jorte Alberto Guzmán Urquilla hizo más peticiones a los mlitares, para determinar responsabilidades en esta masacare. La información no se envió con precisión. La dificultad para acceder a documentación sobre la guerra llega incluso hasta los archivos del proceso de pacificación. “También he recibido información sobre las dificultades de acceso a los archivos del Informe de la Comisión de la Verdad de 1993. De las tres copias registradas de los mismos, solo la depositada en las Naciones Unidas pudo ser confirmada”, lamentó el relator de la ONU.
También denunció falta de recursos suficientes para armar los casos. Desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley General de Aministía en 2016, con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los casos que las mismas víctimas promueven apenas han comenzado a salir. La Fiscalía General de la República, entonces bajo el mandato de Douglas Menéndez, nombró cuatro fiscales para investigar las violaciones cometidas durante el conflicto. Seis investigadores de la policía contribuyen con la tarea. “Según la información recibida de la sociedad civil, de los 148 casos registrados, en 102 de ellos no se ha realizado ninguna investigación, en 46 se practicó alguna investigación y 17 se abrieron sólo para autorizar exhumaciones. Ninguno de los 148 casos ha sido judicializado”, advirtió Salvioli. De igual manera, también denunció falta de recursos en el Instituto de Medicina Legal y la falta de una base de datos para el reconocimiento
Así que el relator reconoció los avances en la creación de comisiones de búsqueda y del programa gubernamental de reparaciones, pero consideró que no funcionan acorde a la magnitud del daño que han sufrido las personas. “Queda pendiente el diseño y puesta en marcha de una política de reparación integral a las víctimas que satisfaga los estándares internacionales vigentes, ” destacó. Eso pasa por liberar los archivos, reconstruir hechos -como los operativos mlitares- agilizar las investigaciones y crear el marco legal que lo facilite.
En sus recomendaciones, Salvioli incluyó que el Estado debe fortalecer las instituciones y organismos dedicados a la reparación, como por ejemplo, las comisiones de búsqueda de desaparecidos y darles un marco legal. “Debe incluir la búsqueda de todas las personas desaparecidas durante el conflicto armado, ya sea a manos del Estado o de la ex guerrilla”, indicó.
El extenso informe de observaciones preliminares puede hallarse en este sitio. Hasta el cierre de esta nota, ningún representante del Gobierno salvadoreño se había referido al informe.
