jueves, 12 de mayo del 2022
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Militar acusado del asesinato de los jesuitas asegura que dirá toda la verdad

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El expresidente Alfredo Cristiani y el exasesor, Rodolfo Parker, no asistieron a la cita judicial ni mandaron representantes legales.

El general salvadoreño -en retiro-, Juan Rafael Bustillo, aseguró que sacará a la luz toda la verdad sobre el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, atroz hecho que se atribuye a un equipo del Batallón Atlacatl, tras presuntamente haber irrumpido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en noviembre de 1989.

“Soy el único que he venido. No pudo dar más detalles porque eso lo prohíbe la Constitución, no se puede adelantar nada, solo he venido a la intimación. Yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad, no puedo decir quien es el culpable o el inocente. Siempre he sido responsable y por eso he venido acá, para que sepan que no me ando escondiendo de nada”, fueron las breves declaraciones de Bustillo quien aparecen entre los señalados por formar parte de la jerarquía militar de ese entonces.

Tal como apuntó Bustillo, fue el único en llegar al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, debido a que el expresidente de la República, Alfredo Cristini, el asesor presidencial de la época y exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, y casi una decena de militares no atendieron al llamado judicial.

Según versiones extraoficiales, Parker se encuentra fuera del país sin saberse su paradero, mientras Cristiani se encuentra en Europa entre España o Italia, esto último fue confirmado por la hija del exmandatario quien publicó imágenes de sus padres en plaza Cataluña, España.

A Cristiani, la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye el delito de comisión por omisión, ya que como comándate general de la Fuerzas Armada, no tomó cartas para fretar la operación contra los religiosos y las colaboradoras. Mientras tanto, Parker es acusado por fraude procesal y de encubrimiento personal.

El resto de involucrados son: Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, , quienes también son acusados de actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto.

Mientras Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía serán procesados por fraude procesal y encubrimiento personal.

En el caso de los fallecidos, Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce el juzgado los deberá sobreseer de forma definitiva.

El abogado, Eduardo Cardoza, defensor del general Larios dijo que la incomparecencia del imputado es una estrategia: “es una estrategia de defensa, consideramos que esto lo podríamos y va depender de esto y del análisis jurídico que hagamos para ver si lo presentamos o no”.

El caso se registró en medio del punto más álgido de la guerra civil salvadoreño, ya que en ese año se registró la ofensiva “Hasta el tope”, donde los guerrilleros sacaron todos sus recursos con el afán de tomar el mando del gobierno. Por su parte, el Ejercito en coordinación de la ultraderecha salvadoreña, buscaban aniquilar a los grupos beligerantes.

Los combatientes del FMLN atacaron simultáneamente diversos puntos de la capital. A los pocos minutos se escuchaban ya fuertes combates en muchos lugares, mientras el cielo se iluminaba con las luces de bengala disparadas por los militares.

Aquella primera noche, la lucha más dura se desarrolló en los alrededores de la Universidad Nacional y del cuartel de la Primera Brigada de Infantería, contiguo a ésta. Las tropas del Ejército chocaron brevemente con el FMLN a lo largo de la Autopista Sur, junto al estadio Cuscatlán y a la entrada de unas urbanizaciones militares, justo frente a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Muy pronto se vio que la ofensiva del FMLN era radicalmente diferente a cualquier otro combate entablado en San Salvador. Se calcula que, durante las semanas anteriores, habían llegado a San Salvador entre mil quinientos y tres mil combatientes. Las barriadas obreras que rodean la capital se convirtieron en bastiones ocupados y controlados por el FMLN.

Entretanto, se registró la invasión a las instalaciones de la UCA en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

Esta información llegó al alto mando de Estados Unidos, provocando que el congresista Joe Moakley impulsara una comisión que analizara la situación de El Salvador, especialmente el caso Jesuitas.

Por lo tanto, Moakley pudo probar que los asesinatos habían sido cometidos por soldados salvadoreños. El informe final de la Comisión Moakley insinuó que la culpabilidad podría extenderse a los niveles más altos del gobierno de El Salvador. Los informes de la Comisión Moakley se utilizaron como prueba de juicio en las primeras condenas de personal militar salvadoreño por crímenes contra los derechos humanos.

El Congreso usó los hallazgos de la comisión para cortar la ayuda militar a El Salvador, lo que obligó al gobierno a negociar con el FMLN para poner fin a la guerra.

Moakley luego se convirtió en una figura importante en las conversaciones de paz, sobre todo a través de una visita histórica detrás de las líneas para reunirse con los líderes del FMLN.

Luego de esto, fue hasta en septiembre de 1991, que un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.

Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación de la Fiscalía General de la República.

Ante la falta de justicia en El Salvador, familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España.

Basándose en el principio de la justicia universal, en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluido más de 30 años, según la ley de ese país.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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