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sábado, 23 de octubre del 2021

Meter preso a un partido

Dice Douglas Meléndez, ese fiscal salvadoreño que sueña con ser un Baltazar Garzón tropical, que los partidos polí­ticos no se pueden mandar a la cárcel. Y dice la verdad. No se podrí­a meter preso a un humilde militante de ARENA por un delito que cometió Antonio Saca. Porque a ese militante no llegó dinero alguno ni sabí­a que arriba, en las altas esferas de su partido, se estaban dando un festí­n ilegal con dinero sustraí­do de las arcas del erario público.

Que las organizaciones no puedan meterse presas no significa que no puedan ser juzgadas, si se demuestra que los delitos cometidos por algunos de sus miembros eran de naturaleza asociativa y perseguí­an también beneficiar a ciertas estructuras de su organización. De ahí­ que los bancos puedan ir a juicio, si se confirma que han violado sistemáticamente la ley al actuar de forma deliberada en contra de los intereses de sus clientes. Y en caso de condena, no se encarcela ni al ordenanza ni al cajero ni a las secretarias, se mete presos a los directivos bancarios que participaron de forma consiente, como beneficiarios y organizadores, en la estafa.

Saca no solo robó para sí­ mismo, parte del dinero que sustrajo lo destinó a sobresueldos de su gabinete y a gastos cuyo beneficiario era su partido. Su delito, pues, no se agota en la esfera de la responsabilidad individual. Con el dinero robado se pagó a periodistas y se financiaron campañas electorales. Estamos, pues, ante de un delito de carácter asociativo que trasciende el ámbito de las personas fí­sicas para situarse en el marco de la infracción legal organizada, en el marco de una red de responsabilidades que son al mismo tiempo personales y colectivas. ARENA, por lo tanto, podrí­a ser juzgado.

Si se demuestra que ARENA se ha financiado ilegalmente con dinero público (para pagar sobresueldos de su dirigencia y financiar sus campañas electorales), puede verse obligado a restituir ese dinero con los bienes que posea e incluso, por esas malas prácticas, puede ser inhabilitado como partido polí­tico. La cárcel no es el único castigo para una organización corrupta y eso deberí­a saberlo ese fiscal salvadoreño que sueña con ser un Baltazar Garzón tropical.

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