Dice Douglas Meléndez, ese fiscal salvadoreño que sueña con ser un Baltazar Garzón tropical, que los partidos políticos no se pueden mandar a la cárcel. Y dice la verdad. No se podría meter preso a un humilde militante de ARENA por un delito que cometió Antonio Saca. Porque a ese militante no llegó dinero alguno ni sabía que arriba, en las altas esferas de su partido, se estaban dando un festín ilegal con dinero sustraído de las arcas del erario público.
Que las organizaciones no puedan meterse presas no significa que no puedan ser juzgadas, si se demuestra que los delitos cometidos por algunos de sus miembros eran de naturaleza asociativa y perseguían también beneficiar a ciertas estructuras de su organización. De ahí que los bancos puedan ir a juicio, si se confirma que han violado sistemáticamente la ley al actuar de forma deliberada en contra de los intereses de sus clientes. Y en caso de condena, no se encarcela ni al ordenanza ni al cajero ni a las secretarias, se mete presos a los directivos bancarios que participaron de forma consiente, como beneficiarios y organizadores, en la estafa.
Saca no solo robó para sí mismo, parte del dinero que sustrajo lo destinó a sobresueldos de su gabinete y a gastos cuyo beneficiario era su partido. Su delito, pues, no se agota en la esfera de la responsabilidad individual. Con el dinero robado se pagó a periodistas y se financiaron campañas electorales. Estamos, pues, ante de un delito de carácter asociativo que trasciende el ámbito de las personas físicas para situarse en el marco de la infracción legal organizada, en el marco de una red de responsabilidades que son al mismo tiempo personales y colectivas. ARENA, por lo tanto, podría ser juzgado.
Si se demuestra que ARENA se ha financiado ilegalmente con dinero público (para pagar sobresueldos de su dirigencia y financiar sus campañas electorales), puede verse obligado a restituir ese dinero con los bienes que posea e incluso, por esas malas prácticas, puede ser inhabilitado como partido político. La cárcel no es el único castigo para una organización corrupta y eso debería saberlo ese fiscal salvadoreño que sueña con ser un Baltazar Garzón tropical.
